En toda América Latina, los empresarios chinos han improvisado durante años sus propios sistemas de protección ante la falta de una policía confiable: un mecanismo autofinanciado que se sostiene mediante presión comunitaria, listas de donantes y apelaciones a la responsabilidad colectiva.
Una reciente serie de publicaciones en Chinese Chile Network, una cuenta pública de WeChat para la comunidad china en Chile, permite ver de cerca cómo funciona la maquinaria de recaudación de fondos para estos sistemas de seguridad y lo frágil que se ha vuelto.
Las publicaciones giran en torno a la Patrulla de Seguridad del Barrio Chino de Santiago, que protege el distrito mayorista gestionado por chinos y que actualmente enfrenta un déficit de 248 millones de pesos chilenos.
Desde 2019, la patrulla opera al borde de la insolvencia, sobreviviendo a pesar de déficits constantes. Han soportado duras críticas de medios locales, fiscalización de organismos estatales, provocaciones de grupos antichinos e incluso incomprensión dentro de la propia comunidad china.
A medida que la delincuencia empeoró, dejaron de preocuparse tanto por el presupuesto y empezaron a extender los horarios: cuando los asaltos se dispararon después de las 21:00 h, alargaron el turno hasta las 22:00 h. Aun así, los ataques continuaron.
Si mejora la recaudación, el equipo planea extender la patrulla hasta la 1:00 de la madrugada para que los trabajadores chinos que salen tarde puedan llegar a casa sin peligro y para romper de una vez el ciclo del miedo.
El objetivo, dicen, es que todo comerciante chino pueda vivir y trabajar en Chile con un mínimo de dignidad y seguridad.
La patrulla funciona exclusivamente con aportes voluntarios de los comerciantes. Pero una de las publicaciones señala sin rodeos un desequilibrio creciente: muchos dueños de locales que viven y trabajan dentro de la zona protegida disfrutan de la seguridad que brinda la patrulla, la elogian todos los días, pero nunca han aportado ni un peso.
Los organizadores lo describen como un clásico problema de “beneficiarse sin asumir responsabilidad”.
Para contrarrestarlo, publican abiertamente listas completas de donantes, nombrando a cada negocio que aporta —dueños de cafeterías, vendedores de bolsos, tiendas de lencería—, la mayoría entre 500.000 y 3 millones de pesos.
Incluso dedicaron una publicación especial para destacar a una señora Ma que ya se fue a vivir a Ecuador pero igual donó 1 millón de pesos desde allá. Estas listas funcionan no solo como herramienta de transparencia, sino como un suave mecanismo de presión: quien no aparece, queda visiblemente expuesto.
¿Por qué es importante?
Estas publicaciones dejan al descubierto el modelo informal de financiación que sostiene muchos enclaves comerciales chinos en el extranjero. Pequeños empresarios que por sí solos no pueden pagar seguridad privada se agrupan en un mismo barrio y ponen dinero en común para crear seguridad colectiva, generando de facto una estructura de autogobierno comunitario.
En Chile, donde la violencia armada y los asaltos han aumentado y la confianza en la policía local es muy baja, este sistema improvisado se ha convertido en la principal red de protección para los comerciantes chinos. Pero su supervivencia depende exclusivamente de que suficiente gente siga aportando.
