Panama Ports Company (PPC) busca obtener un permiso de operación temporal para evitar un vacío jurídico y la paralización de sus terminales una vez que se ejecute el fallo de la Corte Suprema que anuló su concesión, dijo el viernes el asesor de la firma, Alejandro Kouruklis.
En una entrevista con la televisora local TVN Noticias, Kouruklis advirtió que el plan de la empresa, filial de la hongkonesa CK Hutchison Holdings, no es coordinar una salida, sino establecer una mesa de diálogo de alto nivel para subsanar los errores contractuales señalados por la justicia.
A continuación, los puntos clave de las nuevas declaraciones:
Riesgo de “Vacío Jurídico”
Kouruklis explicó que en el momento en que el fallo sea publicado en la Gaceta Oficial, la concesión actual dejará de existir. Sin un permiso temporal otorgado por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), la operatividad de los puertos de Balboa y Cristóbal entraría en la ilegalidad.
“Nuestro plan no es planear una salida, es conversar”, afirmó el asesor, subrayando que la empresa busca un tratamiento similar al otorgado al sector minero tras un fallo de inconstitucionalidad similar, donde se permitió la permanencia de la empresa mientras se negociaba una solución.
Inviabilidad de la transición a Maersk
La empresa calificó como “altamente preocupante” y “técnicamente inviable” el anuncio del Ejecutivo de transferir las operaciones a la naviera danesa Maersk.
- Propiedad Privada: Kouruklis reiteró que las 38 grúas pórticas, 75 grúas de patio y el sistema operativo tecnológico son propiedad privada de Hutchison.
- Seguros: Advirtió que ningún tercero puede operar equipos que no le pertenecen sin invalidar las coberturas de seguro, lo que generaría un riesgo de seguridad inasumible.
- Logística: Aseguró que instalar un nuevo sistema operativo en un puerto activo demora meses, y que apagar el sistema actual de un día para otro provocaría un “caos” en el centro logístico.
Advertencia de Monopolio y Pérdida de Clientes
El asesor advirtió que si Maersk —que ya controla el ferrocarril transístmico— asume la administración de los puertos, se crearía un monopolio de facto.
Esta situación, según Kouruklis, ahuyentaría a competidores directos de la naviera danesa, como Mediterranean Shipping Company (MSC), que actualmente es el principal cliente del puerto de Cristóbal y podría optar por desviar su carga hacia otros puertos de la región si no se garantiza la neutralidad de la terminal.
Defensa del Arbitraje
Respecto al arbitraje internacional por un monto estimado de 2.000 millones de dólares, Kouruklis señaló que la empresa no busca lucrar con demandas, sino defender la seguridad jurídica.
Sostuvo que la inconstitucionalidad detectada por la Corte no fue responsabilidad de la empresa, sino un error del Estado al redactar y aprobar los contratos originales. “El Estado se equivocó, y eso hace que el arbitraje sea perdido por la República de Panamá si no se llega a un acuerdo”, sentenció.
