La empresa Panama Ports Company, S.A. (PPC), subsidiaria de CK Hutchison Holdings Limited, anunció este viernes que busca una indemnización de al menos 2,000 millones de dólares a través de un arbitraje internacional bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional.
Esta medida responde a la toma de los puertos de Balboa y Cristóbal, lo que la empresa califica como la culminación de una campaña de hostigamiento de un año.
En un comunicado oficial, PPC detalló los principales recursos legales presentados:
- Impugnación de Decreto Ejecutivo: La empresa presentó un recurso contra el Decreto Ejecutivo No. 23, denunciando que su “alcance extremo” ordena la toma de toda la propiedad, equipo y documentos protegidos de PPC, incluyendo activos no relacionados con las operaciones del puerto.
- Incautación de Documentación: PPC exigió ante la Autoridad Marítima de Panamá la devolución inmediata de documentos patentados, alegando que el Estado confiscó registros privados de una instalación de almacenamiento externa sin una autorización judicial válida.
- Violación de Tratados de Inversión: CK Hutchison presentó un suplemento a su notificación previa de disputa bajo un tratado bilateral de inversión, señalando que el Estado panameño actuó sin transparencia e ignoró esfuerzos previos de consulta.
PPC afirmó que las acciones del gobierno, basadas en un fallo judicial no publicado, han generado un escenario donde los inversores extranjeros no pueden confiar en las leyes o contratos locales.
“No cederán y no vienen por un alivio simbólico”, señaló el comunicado de la empresa, añadiendo que se reservan todos los derechos contra el Estado y sus agentes.
