El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó este martes un decreto ejecutivo para eliminar los impuestos federales a las compras en el extranjero de hasta 50 dólares, revirtiendo un gravamen altamente impopular mientras se prepara para buscar la reelección en octubre.
Se espera que la medida reduzca el costo de los bienes adquiridos en plataformas de comercio electrónico transfronterizo, ampliamente utilizadas por los brasileños de menores ingresos.
“Esto beneficiará a la población más pobre y de bajos ingresos que depende en gran medida de estas plataformas (de comercio electrónico) para comprar productos que son muy importantes para su vida diaria”, afirmó el secretario ejecutivo del Ministerio de Hacienda, Rogerio Ceron.
Ceron no especificó la magnitud de la pérdida de ingresos fiscales derivada de la medida, la cual, según el gobierno, se publicará en el diario oficial más tarde este martes.
Estas acciones se suman a una serie de iniciativas recientes de Lula, incluido un programa de renegociación de deudas de consumo respaldado por el gobierno, en su intento por apuntalar el apoyo de los votantes. Las encuestas de opinión lo muestran empatado en una segunda vuelta contra su principal rival, el senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, a quien Lula derrotó por estrecho margen en 2022.
El anuncio se realizó durante una transmisión en vivo organizada apresuradamente, en la que participaron Lula y varios funcionarios, incluido el vicepresidente Geraldo Alckmin, quien previamente había afirmado que el impuesto ayudaba a impulsar la competitividad de la industria brasileña y a crear empleos en el país.
Cuando introdujo la medida, el gobierno argumentó que las plataformas extranjeras como AliExpress del Grupo Alibaba, Shopee (propiedad de Sea Ltd) y Shein vendían productos sin enfrentar la misma carga tributaria que las empresas que operan en la economía más grande de América Latina, creando lo que describió como una competencia desleal.
El cambio de rumbo se produjo el mismo día en que el gobierno también dio marcha atrás en una norma que endurecía el acceso a préstamos públicos subsidiados para productores con tierras deforestadas, una medida que había entrado en vigor el mes pasado y enfrentaba una fuerte oposición del poderoso sector agrícola.
(Reporte de Marcela Ayres y Fernando Cardoso; Edición de Nia Williams y Sanjeev Miglani)
