El Ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Mario Zamora Cordero, informó este lunes ante el Plenario Legislativo sobre la existencia de plantas de procesamiento de oro de capital chino ubicadas en territorio nicaragüense, las cuales reciben material extraído de la zona fronteriza costarricense.
Durante su comparecencia, Zamora detalló que estas instalaciones se localizan en la margen nicaragüense del río San Juan y operan como receptoras de sedimentos trasladados desde el yacimiento de Crucitas, en suelo costarricense.
Diferencial tecnológico y operativo
Según el informe presentado por el Ministerio de Seguridad, el traslado de material se debe a la capacidad técnica de las plantas en Nicaragua:
- Eficiencia de extracción: El ministro señaló que mientras la minería artesanal recupera entre un 15% y 20% del metal, la tecnología de las empresas asiáticas permite una recuperación de hasta el 95%.
- Logística: Se reportó el decomiso de 16.000 sacos de sedimentos (de 50 kg cada uno) destinados a estas plantas, aunque las autoridades estiman que el volumen que logra cruzar la frontera es significativamente mayor.
- Ubicación: El informe indica que Nicaragua otorgó concesiones a una empresa china en una franja de diez kilómetros colindante con la frontera, específicamente en la zona de Indio Maíz.
Alerta por riesgos migratorios
Legisladores costarricenses expresaron su preocupación por el impacto a largo plazo de este “monopolio” extractivo en el borde fronterizo. El diputado Jorge Rojas López advirtió que la consolidación de estas empresas chinas podría desplazar a miles de mineros artesanales nicaragüenses (conocidos como coligalleros), provocando una crisis humanitaria.
“Es predecible una ola migratoria sobre nuestro territorio de entre 10,000 y 15,000 personas cuando las empresas chinas empiecen a explotar de manera monopólica el oro”, señaló Rojas, solicitando que el aviso constara en las actas legislativas ante el riesgo de un conflicto de “alto impacto”
Situación fronteriza y costos
El Ministro Zamora confirmó que no existe una comunicación formal con las autoridades nicaragüenses para coordinar acciones contra estas plantas de procesamiento.
Asimismo, se reportó la destrucción de los mojones fronterizos números 3, 8, 10 y 11 por parte de grupos dedicados al tráfico de material. El costo operativo para mantener la presencia policial en la zona asciende a un millón de dólares mensuales para el Estado costarricense.
