Panamá, mediante el Decreto Ejecutivo No. 23, ordenó la “ocupación temporal” de todos los activos de la empresa hongkonesa CK Hutchison Holdings (Panama Ports Company), tomando el control físico y tecnológico de los puertos de Balboa y Cristóbal para transferir su operación a empresas de potencias occidentales.
La medida, fundamentada en un fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia contra la Ley 5 de 1997, marca el fin de casi tres décadas de dominio chino en las entradas del Canal.
El alcance del Decreto No. 23
El decreto promulgado por la administración de José Raúl Mulino no se limita a las instalaciones físicas. Su redacción es quirúrgica al detallar que el Estado toma posesión de:
- Bienes Muebles: 38 grúas pórticas y vehículos de patio.
- Propiedad Intelectual: Computadoras, programas y el software de gestión portuaria, esencial para el movimiento de carga.
- Ubicación: El alcance incluye bienes “dentro o fuera de las instalaciones”, siempre que sean necesarios para mantener la operación continua.
Aunque el documento oficial asegura que la ocupación es un mecanismo que “no implica la pérdida definitiva del derecho de propiedad”, en la práctica, Panamá ha inmovilizado la capacidad de la empresa china para disponer de sus propios bienes, obligándola a ceder su uso a competidores directos.
Operación con activos ajenos: El rol de APM y SSA
Bajo la coordinación del asesor presidencial Alberto Alemán Zubieta, el Estado ha dispuesto que los activos ocupados sean operados durante los próximos 18 meses por dos gigantes del sector:
- APM Terminals (Dinamarca): Asume el control en el Puerto de Balboa (Pacífico).
- TIL Panamá S.A. (Suiza/EEUU): Toma las riendas en el Puerto de Cristóbal (Atlántico).
El escenario es inédito: empresas de Dinamarca y Estados Unidos operarán terminales estratégicas utilizando la maquinaria y el software desarrollado por su rival chino, bajo el amparo de un decreto de “interés social urgente”.
La estrategia del Know-how
Para evitar el colapso técnico que vaticinaba Hutchison —quien alega que sus sistemas no pueden ser operados por terceros—, el Gobierno panameño ha aplicado la sustitución patronal.
“Son los panameños los que aquí operan. Estos trabajadores son los que van a seguir operando estos equipos”, afirmó Alemán Zubieta.
Al retener a los 1,200 empleados que dominan la tecnología de Hutchison, el Estado garantiza que los nuevos operadores occidentales hereden no solo las grúas, sino el conocimiento operativo de la empresa desplazada.
Reconocimiento de deuda
En un gesto de cautela legal, los funcionarios admitieron que el Estado eventualmente tendrá que compensar económicamente a la firma china. “Se les tiene que reconocer en su momento que esos equipos tendrán que llegar a acuerdos para solventar la parte económica”, señaló el equipo de transición.
- El fin de semana, el asesor legal de Panamá Ports Company (PPC), Alejandro Kouruklis, dijo que el sistema operativo tecnológico que coordina el movimiento de contenedores es propiedad intelectual de la empresa y dejaría de funcionar automáticamente si se extingue la concesión, lo que generaría un “caos” logístico.
