El canciller de Perú, Carlos Espá, aseguró este lunes que el megapuerto de Chancay opera estrictamente bajo el marco legal peruano y descartó cualquier atisbo de extraterritorialidad o uso militar, al salir al paso de las presiones de Washington y de la polémica generada en torno a los intereses de la naviera estatal china Cosco Shipping.
“Yo creo que lo importante es que aquí no existe extraterritorialidad, que todos los puertos, sea el puerto de Chancay, el puerto de Paita, sea el puerto del Callao, sea el puerto de Matarani, sea en el futuro el puerto de Corío, todos los puertos que están dentro del territorio peruano se tienen que sujetar al marco legal, a los organismos reguladores, a la constitución del Perú. En la medida que eso sea transparente, en la medida que esas regulaciones sean aplicadas, yo no veo ningún problema”, respondió durante una entrevista a “Beto a Saber” al ser consultado por posible uso dual de Chancay.
Espá, además, rechazó de plano la idea de que Perú deba elegir entre Estados Unidos y China, calificándola de “falsa disyuntiva”.
Señaló que el país mantiene una relación estrecha con Washington en seguridad y tecnología, mientras que Pekín se consolida como “el principal destino” de las exportaciones peruanas, sosteniéndose ambos vínculos bajo el respeto a la soberanía nacional.
El posicionamiento del canciller se da tras conocerse la revocación de visas por parte de Estados Unidos a funcionarios de la región —medida que incluyó al juez peruano que en febrero había fallado a favor de la naviera china en una disputa regulatoria sobre la terminal portuaria al norte de Lima.
El pulso regulatorio y las alertas de Washington
El trasfondo del debate sobre Chancay cobró fuerza a raíz del fallo emitido por el magistrado Juan Carlos Núñez Matos, titular del Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, quien había ordenado al organismo regulador Ositrán abstenerse de supervisar y fiscalizar el puerto —salvo en la fijación de tarifas— tras una acción de amparo presentada por Cosco Shipping Ports Chancay Perú.
Aquella resolución provocó una dura reacción del Departamento de Estado estadounidense, que advirtió a través de su Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental que Perú “podría verse imposibilitado de supervisar Chancay” bajo propietarios a los que tachó de “depredadores”, sentenciando que “el dinero barato chino cuesta soberanía”. China calificó tales advertencias de “fabricación y difamación flagrantes”.
No obstante, la situación jurídica dio un giro en julio cuando la Segunda Sala Constitucional de Lima revocó el fallo y restableció por completo las competencias de Ositrán sobre la terminal, aunque la empresa anunció que elevaría el caso al Tribunal Constitucional.
El trasfondo de las sanciones y la postura oficial
Consultado en el programa sobre la revocación de la visa estadounidense a Núñez Matos y a su familia —enmarcada en una política de sanciones contra funcionarios que Washington señala de socavar la gobernanza democrática—, Espá evitó pronunciarse sobre el fondo de la medida y se limitó a calificarla como un “acto soberano” de Estados Unidos en el que el gobierno peruano “no tiene absolutamente nada que ver”.
La sanción contra el juez peruano formó parte de un paquete de 17 medidas similares aplicadas también en Bolivia, Colombia y Ecuador, derivadas de los compromisos de la Cumbre de Doral y la declaración del “Escudo de las Américas” del 22 de septiembre.
El canciller zanjó asimismo las suspicacias planteadas por legisladores estadounidenses, como la congresista María Elvira Salazar, sobre un posible uso militar de doble propósito en las instalaciones, reiterando que la infraestructura está sujeta a los reguladores peruanos como cualquier otro puerto del país.
