La Corte Suprema de Justicia de Panamá se encuentra en la fase final de deliberaciones para decidir si anula la licencia de la empresa de Hong Kong CK Hutchison para operar dos puertos estratégicos en el Canal de Panamá, informó el martes The Wall Street Journal.
El fallo, que se espera en breve, representa un punto de inflexión en la disputa geopolítica entre Washington y Pekín por el control de la infraestructura comercial en América Latina.
Según el reporte del Journal, una sentencia contra la firma asiática otorgaría una victoria política al presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha manifestado su intención de recuperar la influencia de Estados Unidos sobre la vía interoceánica.
Abogados privados y la Contraloría de Panamá interpusieron demandas alegando que Hutchison incumplió la Constitución al afectar los intereses financieros del Estado.
Una auditoría gubernamental citada por el rotativo estadounidense reveló que el país habría dejado de percibir hasta 1 300 millones de dólares en ingresos desde que la empresa inició operaciones a finales de la década de 1990.
“La relación de Hutchison con la sociedad panameña durante las últimas décadas ha sido muy tensa y difícil”, afirmó el ministro de Finanzas de Panamá, Felipe Chapman, en una entrevista concedida al medio estadounidense.
El gobierno del presidente José Raúl Mulino ya ha diseñado planes de contingencia para asegurar la continuidad operativa de los puertos de Balboa y Cristóbal en caso de que la licencia sea revocada.
De acuerdo con el Journal, las autoridades panameñas evalúan abrir un nuevo proceso de licitación que podría separar la gestión de ambas terminales para maximizar su valor de mercado.
Por su parte, China ha expresado su oposición a cualquier medida discriminatoria. Pekín habría bloqueado previamente un intento de Hutchison de vender sus activos globales a un consorcio liderado por la firma estadounidense BlackRock, exigiendo que la naviera estatal china Cosco mantuviera una participación mayoritaria y poder de veto, una condición que choca con la legislación panameña.
Tras la reciente intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, Pekín está conformando un grupo de trabajo especial para América Latina encargado de estudiar posibles represalias y mecanismos para proteger sus inversiones en la región, según fuentes familiarizadas con el asunto citadas por el diario.
Al menos el 5% del comercio marítimo mundial transita por el Canal de Panamá, lo que convierte esta disputa legal en un asunto de seguridad nacional para la administración Trump y de relevancia estratégica para el suministro energético y de bienes hacia Asia.
