La reciente decisión del Gobierno de Panamá de ocupar las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal ha abierto un nuevo frente de riesgo legal para el país, advirtió el abogado y exvicealcalde Roberto Ruiz Díaz.
En una entrevista concedida este martes a Radio Panamá, Ruiz Díaz señaló que la estrategia ejecutada tras la anulación de la concesión de Panamá Ports Company (PPC) —subsidiaria de la firma de Hong Kong, Hutchison Ports— podría derivar en millonarias indemnizaciones futuras debido al uso de propiedad privada por parte del Estado.
La trampa de los bienes muebles
El punto más crítico de la medida, que ha pasado desapercibido en el discurso oficial, radica en la distinción entre la concesión del terreno y la propiedad de los equipos.
Mientras que el suelo de los puertos revierte al Estado, la maquinaria pesada necesaria para mover la carga no lo hace de forma automática.
“Estamos hablando de los bienes muebles que forman parte del patrimonio de la empresa. Las grúas y los equipos son de la empresa, no son objeto de apropiación”, explicó Ruiz Díaz.
Al decretar la “ocupación“, el Estado está utilizando propiedad privada ajena para sostener la operación delegada a nuevos actores, como las navieras Maersk y MSC.
El jurista advirtió que esta acción obliga al Estado panameño a enfrentar un riesgo de indemnización no solo por la interrupción del negocio (arbitraje internacional), sino por el valor de mercado, el desgaste y la depreciación de maquinaria valorada en cientos de millones de dólares.
¿Ocupación o expropiación?
Ruiz Díaz detectó una contradicción técnica en el decreto ejecutivo firmado por el presidente José Mulino. Aunque el Gobierno utiliza el término “ocupación provisional”, el documento ordena al Ministerio Público iniciar procesos bajo la Ley 57 de 1946, que rige específicamente las expropiaciones.
“Independientemente de que le llamen ocupación, el Estado termina siendo el responsable y el que tendrá que pagar”, sentenció el abogado.
Para Ruiz Díaz, esto constituye una admisión táctica de que el Estado pretende quedarse con los activos de Hutchison Ports sin haber cumplido con el debido proceso de una expropiación formal desde el inicio.
Celeridad y presión geopolítica
La rapidez con la que se estructuró el nuevo contrato de 53 páginas, aprobado y refrendado en menos de 24 horas tras el fallo judicial, sugiere, según el abogado, una planificación previa impulsada por intereses externos.
“Esta decisión podía ser en derecho pero terminó siendo política y política por influencia extranjera”, afirmó Ruiz Díaz, aludiendo al interés estratégico de Estados Unidos por desplazar la influencia de capitales chinos en las entradas del Canal de Panamá.
