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Subsidiaria de Hutchison inicia arbitraje contra Maersk por toma de puertos en Panamá

Subsidiaria de Hutchison inicia arbitraje contra Maersk por toma de puertos en Panamá
Esta es la vista del Puerto de Balboa, administrado por CK Hutchison Holdings, con sede en Hong Kong, en la entrada del Canal de Panamá, en Ciudad de Panamá, el 23 de febrero de 2026. Las autoridades marítimas panameñas tomaron el control de dos puertos en el Canal de Panamá el 23 de febrero de 2026, que pertenecían a CK Hutchison, con sede en Hong Kong, después de que su concesión fuera anulada tras las presiones de Estados Unidos. MARTIN BERNETTI / AFP

Panama Ports Company (PPC), subsidiaria del gigante portuario Hutchison Ports, anunció este martes el inicio de procedimientos de arbitraje contra la naviera danesa Maersk A/S, tras la toma de sus terminales portuarias en Panamá y su presunta colusión con el gobierno local.

La medida legal, que se llevará a cabo en Londres, surge a raíz de la expulsión de PPC de sus operaciones en febrero, bajo lo que la empresa califica como “medidas ejecutivas extremas” por parte del Estado panameño.

Ruptura de alianza estratégica

PPC sostiene que Maersk socavó un contrato de largo plazo que establecía un enfoque colaborativo y el uso exclusivo de las instalaciones de la operadora.

Según el comunicado, la naviera se habría alineado con la República de Panamá en una campaña estatal para sustituir a PPC por un nuevo operador.

La empresa denuncia que las autoridades panameñas celebraron un contrato de concesión preacordado para la terminal de Balboa con una firma afiliada a Maersk, la cual estaría haciendo uso de la infraestructura e información operativa propiedad de la subsidiaria de Hutchison.

Litigio internacional

El arbitraje contra Maersk es independiente de las acciones legales que PPC mantiene contra el Estado de Panamá por conducta “anti-contrato y anti-inversionista”. La compañía afirmó que perseguirá enérgicamente sus derechos en ambos frentes legales.

PPC, en la que Hutchison Ports mantiene una participación mayoritaria, ha operado las terminales de Balboa y Cristóbal desde finales de la década de 1990. Este nuevo conflicto eleva la tensión sobre la seguridad jurídica de las inversiones extranjeras en el eje estratégico del Canal de Panamá.