La hongkonesa CK Hutchison Holdings pidió este jueves al gobierno panameño negociar para seguir operando dos puertos en el canal de Panamá y evitar el “caos”, después de que la justicia anulara la concesión de ambas terminales, anunció un vocero de la empresa.
La Corte Suprema de Panamá declaró en enero “inconstitucional” el contrato que ha autorizado a Panama Ports Company (PPC), subsidiaria de Hutchison, administrar desde 1997 los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico.
Tras ese fallo judicial, el presidente panameño, José Raúl Mulino, anunció que la danesa Maersk operaría temporalmente esas terminales.
Oferta de diálogo y renegociación total
“Solicitamos que haya una mesa de conversación entre C. K. Hutchison y los representantes del Ejecutivo para buscar una solución razonable a esta decisión de la Corte”, dijo Alejandro Kouruklis, vocero de PPC, en una entrevista en la panameña Radio Red. “Necesitamos pasos específicos para poder seguir operando, porque si no, de un día a otro va a haber el caos”, advirtió.
Kouruklis sostuvo que “la empresa está totalmente dispuesta” a “renegociar absolutamente todo”. Incluso, precisó que si la decisión del Estado fuera la salida de la compañía, están dispuestos a “negociar una salida” coordinada para evitar un conflicto mayor.
Riesgos operativos y propiedad privada
El vocero advirtió que la entrada de un tercero a la fuerza sería inviable en el sentido práctico, ya que PPC es dueña de la propiedad privada dentro de las terminales.
“Nadie puede entrar a manejar puertos que no van a poder manejar; no es como entregar una llave, son 38 grúas pórticas, más de 75 grúas de patio y un sistema operativo que es propiedad intelectual de la empresa y que dejaría de funcionar automáticamente”, explicó.
Asimismo, Kouruklis alertó sobre un “monopolio evidente” si la naviera danesa Maersk asume el control, dado que recientemente adquirió el ferrocarril transístmico. Según el vocero, esto provocaría que otras líneas navieras competidoras, como MSC, retiren su carga de Panamá por falta de garantías competitivas.
Impacto económico y laboral
La sentencia ha generado incertidumbre sobre el futuro de los puertos, por los que transitó en 2025 el 38% de los casi 10 millones de contenedores que pasaron por el país.
A nivel laboral, la empresa recordó que están en juego 1,500 empleos directos y que una transición abrupta obligaría al Estado a asumir liquidaciones millonarias, similares a los 30 millones de dólares pagados en la privatización original.
Amenaza de arbitraje internacional
Además, la firma asiática afirmó que impugnará la sentencia ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC), con sede en París. Kouruklis subrayó que el arbitraje internacional podría costarle al Estado panameño cerca de 2,000 millones de dólares, una cifra que “tendrían que pagar los ciudadanos con sus impuestos”.
Kouruklis subrayó que mientras el fallo no se publique en la Gaceta Oficial, las partes están “a tiempo de conversar” para evitar que las “consecuencias inevitables sean una paralización de los puertos por falta de seguros y operatividad tecnológica”, indicó.
Geopolítica en el Canal
Según la Corte de Justicia, la concesión era “inconstitucional” por tener “una inclinación desproporcionada a favor de la empresa”. El fallo fue celebrado por Estados Unidos, cuyo presidente, Donald Trump, había criticado la influencia china en la vía, mientras que Pekín advirtió que Panamá pagaría “un alto precio” por cancelar la concesión.
Con información de AFP
