La hongkonesa CK Hutchison Holdings pidió este jueves al gobierno panameño negociar para seguir operando dos puertos en el canal de Panamá y evitar el “caos”, después de que la justicia anulara la concesión de ambas terminales, anunció un vocero de la empresa.
La Corte Suprema de Panamá declaró en enero “inconstitucional” el contrato que ha autorizado a Panama Ports Company (PPC), subsidiaria de Hutchison, administrar desde 1997 los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico.
Tras ese fallo judicial, que se produjo en medio de las presiones de Estados Unidos por la presencia china en el canal, el presidente panameño, José Raúl Mulino, anunció que la danesa Maersk operaría temporalmente esas terminales.
“Solicitamos que haya una mesa de conversación entre C. K. Hutchison y los representantes del Ejecutivo para buscar una solución razonable a esta decisión de la Corte”, dijo Alejandro Kouruklis, vocero de PPC, en una entrevista en la panameña Radio Red.
“Necesitamos pasos específicos para poder seguir operando, porque si no, de un día a otro va a haber el caos”, advirtió el portavoz.
Kouruklis sostuvo que “la empresa está totalmente dispuesta” a “renegociar absolutamente todo”.
La sentencia ha generado incertidumbre sobre el futuro de los puertos, ubicados estratégicamente en las entradas del canal y por los que transitó en 2025 el 38% de los casi 10 millones de contenedores que pasaron por Panamá.
Además, la firma asiática amenazó la semana pasada a Maersk con “acciones legales” si asume la administración de los puertos sin su consentimiento y afirmó que impugnará la sentencia ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC), con sede en París, por causarle “graves daños”.
Estas terminales son parte de un paquete global de puertos cuyo control Hutchison Holdings quiere ceder a un grupo de empresas liderado por la estadounidense BlackRock por 22.800 millones de dólares.
Kouruklis subrayó que si finalmente el fallo se ejecuta las “consecuencias inevitables serían una paralización de los puertos”, indicó.
Según la Corte de Justicia, la concesión, renovada por 25 años en 2021, era “inconstitucional” y tenía “una inclinación desproporcionada a favor de la empresa” que perjudicaba al Estado.
El fallo fue celebrado por Estados Unidos, que construyó la vía y cuyo presidente, Donald Trump, había amenazado con retomarla bajo el argumento de que China la controla a través de Hutchison, mientras que Pekín advirtió que Panamá pagaría “un alto precio” por cancelar la concesión.
