Por Pedro Armada
Tras la transición forzada en los puertos de Balboa y Cristóbal, el canciller panameño, Javier Martínez-Acha, envió un mensaje claro a la comunidad internacional: Panamá es un país de seguridad jurídica y el gobierno “simplemente” está respetando un fallo de la Corte Suprema en el caso de Hutchison Ports.
Es una narrativa diplomática conveniente, pero un contraste con otro fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) expone una contradicción flagrante.
Cuando analizamos el agresivo desmantelamiento de Panama Ports Company (PPC) frente al delicado manejo que se le da a la minera de capital canadiense Minera Panamá (First Quantum Minerals), la ilusión de una justicia imparcial se desvanece.
Lo que emerge en su lugar es un “Estado de derecho” fuertemente condicionado por el alineamiento geopolítico y la presión de Estados Unidos.
El manual contra Hutchison: Expropiación de facto
El 29 de enero de 2026, la CSJ declaró inconstitucional el contrato de 1997 y su prórroga de 2021 con PPC. El gobierno no se limitó a supervisar una transición legal; escaló inmediatamente a la ocupación física.
A través del Decreto Ejecutivo N° 23, el gobierno ordenó a la Autoridad Marítima de Panamá ocupar temporalmente los puertos por “motivo de interés social urgente”.
Lo más crítico es que esta ocupación incluyó explícitamente los bienes muebles privados de Hutchison: grúas, vehículos, computadoras, programas y software propietario.
Para el conglomerado con sede en Hong Kong, esto va mucho más allá de una disputa contractual; es una expropiación de facto.
Arrebatar equipos logísticos y software privado de la noche a la mañana, bajo la excusa de una transición administrativa, envía un mensaje aterrador a los inversores extranjeros.
Hutchison ahora exige 2.000 millones de dólares en arbitraje internacional, y la incautación de sus activos privados le proporciona a la empresa la munición perfecta para argumentar que Panamá violó los tratados de protección de inversiones.
La paradoja de Minera Panamá
Ahora, contrastemos esto con el enfoque del gobierno hacia la mina Cobre Panamá. A finales de 2023, la Corte Suprema declaró unánimemente inconstitucional la Ley 406 —el contrato con Minera Panamá—, citando la falta de licitación pública, peligros ambientales y violaciones a la soberanía.
En pocas palabras, muchas de las mismas justificaciones que se utilizaron en el fallo contra la concesión de Hutchison.
Bajo la lógica aplicada por el Canciller a Hutchison, el gobierno debería haber orquestando una salida inmediata y agresiva de la empresa minera. En cambio, el gobierno panameño ha participado en negociaciones conciliadoras con la minera con el fin de reabrir la mina.
Es más, First Quantum pausó su reclamo de arbitraje contra Panamá en marzo 2025 luego de indicios de que el gobierno de Mulino estaba dispuesto a negociar.
Aún más provocativa es la estrategia explícita de Mulino para reabrir la mina eludiendo por completo a la Asamblea Nacional. Ha afirmado que cualquier acuerdo que se alcance para reiniciar las operaciones no irá a la Asamblea para su ratificación como un nuevo “Contrato Ley”, precisamente para evitar “prender el país nuevamente”.
La geopolítica dictando la ley
¿Por qué un fallo de la Corte Suprema contra un operador portuario de capital chino desencadena una incautación inmediata de activos privados mediante decreto, mientras que un fallo similar contra una empresa minera occidental resulta en que el gobierno haga malabares legales para mantener el flujo de cobre sin aprobación legislativa?
La respuesta no está en la Constitución panameña, sino en Washington.
La agresiva campaña contra Hutchison Ports se alinea perfectamente con los intereses estratégicos de Estados Unidos de purgar la influencia china de los nodos logísticos críticos en las Américas.
Mientras tanto, First Quantum Minerals —cuya base de accionistas está compuesta en gran parte por inversores institucionales estadounidenses, con la notable excepción de la china Jiangxi Copper— disfruta de un trato inmensamente distinto.
El gobierno de Estados Unidos considera que el control occidental de minerales críticos como el cobre es esencial, convirtiendo la preservación de la mina Cobre Panamá en una prioridad estratégica.
De hecho, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un centro de estudios con sede en Washington D. C., explicó explícitamente esta lógica en un análisis de abril de 2025: “Para Estados Unidos, apoyar las negociaciones en Panamá debería ser una prioridad estratégica. Ofrece la oportunidad de fortalecer los lazos con un aliado regional clave, reducir la dependencia de China y asegurar un suministro confiable de cobre, un recurso esencial para la seguridad nacional, el crecimiento económico y la transición energética”.
El contraste entre estos dos casos destruye la narrativa del estricto cumplimiento legal. Al utilizar agresivamente decretos ejecutivos para incautar los activos privados de Hutchison, mientras simultáneamente diseña maniobras para eludir al poder legislativo en beneficio de Minera Panamá, el gobierno está demostrando que la seguridad jurídica en Panamá ya no es una garantía universal.
Es una variable que depende enteramente de qué superpotencia respalde su capital.
Pedro Armada es Socio Director de Armada Risk Consulting, una firma boutique en Panamá especializada en inteligencia estratégica, previsión y protección de capital. Con 15 años de trayectoria internacional, asesora a juntas directivas y family offices en la toma de decisiones estratégicas en mercados de alta fricción. Anteriormente, se desempeñó como Director en Nardello & Co., una firma líder consultoría estratégica e investigaciones, y lideró la gestión de riesgos externos para el departamento de compras globales (Global Procurement) de Teva Pharmaceuticals. Es politólogo por la Florida International University, MA en Contabilidad Forense por la University of Portsmouth y participante del Oxford Scenarios Programme en Saïd Business School, University of Oxford (mayo 2026). Posee además la certificación de Examinador de Fraude Certificado (CFE)
