La empresa Panama Ports Company (PPC) informó que Panamá ha ejecutado una “invasión y toma de bienes” propiedad de la compañía. Según el operador, estas acciones demuestran que los inversionistas extranjeros “no pueden confiar en el marco jurídico ni contractual del Estado panameño”.
PPC manifestó su objeción a lo que calificó como una “toma ilegal de los puertos” y la “ocupación y toma de bienes pertenecientes a PPC”, detallando que esto incluye “información de carácter propietario y legalmente protegida”.
La empresa denunció que el Estado ejecutó una “irrupción sin notificación previa” en una instalación privada de almacenamiento que contenía documentación bajo “privilegio legal”.
De acuerdo con los comunicados, el Estado dispuso la “entrega del control de las terminales… a terceros competidores”, así como la “transferencia de información propietaria y legalmente protegida a dichos competidores”.
PPC también señaló que la toma de las terminales incluyó una “irrupción invasiva” y el uso de “reiteradas amenazas de persecución penal contra ciudadanos panameños” (trabajadores) para mantener las operaciones.
La compañía sostiene que el Estado invocó la “figura de la expropiación” como fundamento jurídico para un Decreto Ejecutivo de “carácter extremo”, medidas que, según PPC, “no fueron ordenadas por el fallo de la Corte Suprema de Justicia”.
Finalmente, la empresa anunció que “comparecerá ante foros internacionales neutrales” ante lo que considera una falta de respeto a las obligaciones de protección de inversiones y seguridad jurídica.
