El Consejo de Estado de China publicó este martes un nuevo reglamento destinado a proteger la seguridad de las cadenas industriales y de suministro del país, otorgando al gobierno facultades para investigar y sancionar a entidades extranjeras que socaven su estabilidad económica.
El documento, firmado por el primer ministro Li Qiang, establece un marco legal para coordinar la seguridad nacional con el desarrollo industrial, fundamentándose en leyes como la de Seguridad Nacional y la de Sanciones contra Extranjeros.
Según las disposiciones publicadas por la agencia oficial Xinhua, los puntos principales incluyen:
- Mecanismos de investigación: Las autoridades podrán iniciar investigaciones de seguridad contra países, organizaciones o individuos extranjeros que apliquen medidas “discriminatorias” o restrictivas que dañen las cadenas de suministro chinas.
- Contramedidas legales: Basándose en los resultados de dichas investigaciones, China podrá prohibir o restringir importaciones y exportaciones, limitar inversiones extranjeras en su territorio y denegar el acceso al país o permisos de trabajo a personas involucradas en dichas acciones.
- Vigilancia y alerta temprana: Se creará una lista de áreas clave (materias primas, tecnología y equipos) que contará con un sistema de monitoreo para identificar riesgos y asegurar el funcionamiento continuo de la producción y circulación de bienes esenciales.
- Control de datos e investigación: El reglamento prohíbe explícitamente a cualquier organización o individuo realizar investigaciones o recolección de información sobre cadenas de suministro dentro de China que violen las normativas nacionales.
- Gestión de crisis: Ante situaciones que pongan en peligro la seguridad nacional, el Estado podrá movilizar reservas estratégicas y organizar de manera obligatoria la producción, el transporte y el suministro de bienes.
El reglamento también incentiva el desarrollo de tecnologías clave y la diversificación de canales de suministro para reducir la vulnerabilidad externa. Las empresas e individuos dentro de China están obligados a cumplir con las medidas de respuesta adoptadas por el Consejo de Estado, enfrentando restricciones comerciales o legales en caso de incumplimiento.
La normativa entra en vigor a partir de la fecha de su publicación.
