La formalización de la alianza estratégica entre la Empresa Nacional de Minería (ENAMI) y Rio Tinto para el megaproyecto Salares Altoandinos en la Región de Atacama enfrenta una prórroga inesperada debido a demoras regulatorias en China.
El estado de la asociación fue detallado por el vicepresidente ejecutivo de la estatal, Juan Carlos Sáez, durante su reciente presentación ante la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile el pasado miércoles.
El proceso para concretar la alianza se ha visto condicionado por los tiempos de revisión internacional en el país asiático. En relación con los plazos iniciales y el retraso, Sáez señaló que “la emisión del certificado de libre competencia por parte del regulador chino (la Administración Estatal para la Regulación del Mercado, SAMR) estaba prevista originalmente para entregarse entre los meses de julio y agosto de 2026”, aunque precisó que “el trámite fue retrasado por unos meses más”.
Sobre las razones de esta demora, el ejecutivo explicó que la intervención de la potencia china “responde a los umbrales de facturación global y al peso estratégico del mercado del litio”, añadiendo que esta revisión antimonopolio por parte de las autoridades chinas “mantiene temporalmente en pausa la formalización del joint venture para el megaproyecto Salares Altoandinos en la Región de Atacama”.
Una vez que se destrabe el proceso en China, las proyecciones estipulan que “el organismo chino otorgue el visto bueno” para que ENAMI y Rio Tinto “declaren formalmente constituida la sociedad (donde la estatal chilena poseerá un 49% y Rio Tinto un 51%)”. Asimismo, se contempla la devolución de las inversiones hechas hasta la fecha y el inicio de los contratos definitivos “para dar paso a la ingeniería de detalle, sondajes profundos y la tramitación ambiental”.
En el plano local, el escenario difiere de la tramitación asiática. Según indicó Sáez ante la comisión, “en contraste con la demora en China, el acuerdo ya superó los filtros locales a mediados de julio de 2026, cuando la Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobó la asociación de manera pura y simple”.
