A mediados de febrero, el presidente peruano José Jerí fue destituido de su cargo de jefe de Estado después de solo cuatro meses en el cargo. La destitución no fue particularmente sorprendente. Perú ha experimentado una prolongada crisis de gobernabilidad, con siete presidentes rotando en el cargo durante los últimos diez años, siendo el mandato más corto de solo seis días. Pero esta vez, el escándalo apunta a una tendencia mayor de creciente sensibilidad política en torno a la presencia de China en la región.
La destitución de Jerí ilustra la intersección entre la fragilidad de la gobernabilidad de Perú y el creciente descontento de la región por parecer conectada con China. El escándalo, conocido como ‘Chifa-gate’ dentro de Perú, tiene el potencial de empujar la relación de Perú con China al primer plano antes de las elecciones generales de 2026.
‘Chifa-gate’
En el centro del escándalo se encuentran una serie de reuniones entre Jerí y un empresario chino llamado Zhihua Yang, celebradas a finales de 2025 y principios de 2026. Las reuniones desataron controversia porque no fueron registradas en los registros oficiales presidenciales y parecieron tener lugar fuera de los canales formales, incluyendo una reunión en la que Jerí se presentó vistiendo una sudadera con capucha.
Yang, quien posee varios negocios en Perú y en un momento dado se le otorgó una concesión estatal para un proyecto energético, captó primero la atención del Congreso peruano por irregularidades en sus tratos que involucraban a empresas chinas entre 2018 y 2022. También fue vinculado al llamado Club del Dragón —Dragon Club—, una red que proporciona apoyo operativo y logístico a empresas estatales chinas.
Jerí recibió críticas adicionales por sus visitas a Ji Wu Xiaodong, un individuo bajo arresto domiciliario en Perú y acusado de participación en la organización criminal Los Hostiles de la Amazonía, donde facilitó un esquema que supuestamente aseguraba ventajas indebidas para la adquisición y explotación de concesiones madereras.
Las reuniones de Jerí con Yang saltaron a la prensa peruana en lo que fue ampliamente llamado “Chifa-gate”, una referencia a la comida peruana con raíces chinas. La situación empeoró para Jerí cuando el Fiscal General de Perú anunció que se estaban llevando a cabo diligencias preliminares para investigar a Jerí por tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses.
Los escándalos fueron suficientes para provocar la destitución de Jerí. Aunque no hay evidencia de ninguna coordinación directa entre Jerí y Beijing, o de cualquier intención estratégica por parte de China, la percepción de que Jerí estaba conectado con tratos impropios con China fue difícil de superar.
La tendencia de China llega a Perú
Si hubo un país que parecía estar aislado de la tendencia de China en el superciclo electoral 2025-2026, ese era Perú. En países como Bolivia, Argentina, Chile, Honduras y Costa Rica, la política electoral ha presentado cada vez más llamados a reevaluar los vínculos con Pekín. Perú, sin embargo, parecía mantener estrecha su relación con China: los dos países comparten una profunda relación económica, y Perú es el hogar del Puerto de Chancay, uno de los megaproyectos de China relacionados con su Iniciativa de la Franja y la Ruta.
Ahora, la destitución de Jerí debido a sus conexiones percibidas con China, junto con un reciente fallo judicial que limita los poderes de supervisión de las autoridades peruanas sobre el Puerto de Chancay, podría poner en duda la posición previamente segura de Pekín antes de las próximas elecciones de abril de 2026.
Según se informa, EE. UU. ha expresado preocupaciones sobre el reciente fallo sobre el Puerto de Chancay, particularmente sobre la base de violaciones a la soberanía peruana, aunque esas preocupaciones fueron categóricamente rechazadas por China. Si un gobierno escéptico de Pekín (y amigable con Washington) llega al poder después de las elecciones, la posición de China en Chancay podría seguir el mismo destino que el Puerto de Darwin en Australia o incluso como Balboa y Cristóbal en Panamá.
El presidente interino de Perú, el izquierdista José María Balcázar, también está luchando por navegar esta tormenta. Menos de un mes después de su nombramiento como sucesor temporal de Jerí, su primera ministra, Denisse Miralles, estaba a punto de enfrentar un voto de confianza y renunció.
Esto obligó a Balcázar a reorganizar su gabinete, nombrando a un nuevo primer ministro y ministros de Defensa, Interior y Economía. Miralles fue reemplazada por el entonces ministro de Defensa, Luis Arroyo, quien firmó, en nombre de Perú y junto con otras 16 naciones, la declaración conjunta de la Coalición de las Américas contra el Cartel liderada por Washington. La declaración conjunta promete, entre otras cosas, asegurar la infraestructura crítica, una promesa que conlleva claras implicaciones para el Puerto de Chancay.
Queda por ver cómo responderán Pekín y Washington al escándalo que expulsó a Jerí de su cargo, y si Perú podrá mantener la estabilidad política antes de las elecciones de abril. Ya sea enmarcada como preocupaciones sobre infraestructura estratégica, alineación política o corrupción, es probable que la cuestión de China ocupe un lugar destacado en la campaña electoral. Considerándolo todo, la tendencia de China continúa ganando terreno en América Latina y el Caribe, siendo Perú su próxima gran prueba.
Alonso Illueca es miembro no residente de CLA
