Las empresas chinas que operan en los sectores de minería y energía en América Latina enfrentan crecientes riesgos operativos debido a conflictos sociales “heredados” y a la debilidad de los marcos regulatorios locales, según un estudio del Centro de Estudios sobre China y Asia-Pacífico (CECHAP) y la Universidad de Boston.
El informe revela que la expansión de China en Argentina, Chile, Colombia y Perú ha expuesto a sus firmas a una compleja realidad social y política para la cual, en muchos casos, carecen de experiencia previa.
Conflictos “heredados” y asimetría de información
Un hallazgo crítico del documento es que las compañías chinas suelen ingresar a la región mediante la adquisición de activos ya existentes (fusiones y adquisiciones) a empresas occidentales. Esta estrategia las obliga a gestionar pasivos ambientales y tensiones comunitarias preexistentes.
“Las empresas chinas descubren con frecuencia que el cumplimiento del marco legal formal no es suficiente para alcanzar la legitimidad social”, señala el estudio. Al no haber participado en las etapas iniciales de los proyectos, estas firmas enfrentan brechas de información y desconfianza por parte de comunidades locales, que a menudo trasladan a los nuevos propietarios quejas no resueltas de administraciones anteriores.
Estatales vs. privadas: enfoques divergentes
El análisis identifica una marcada diferencia en cómo las empresas chinas gestionan sus operaciones en la región:
- Empresas Estatales (SOEs): Caracterizadas por el “capital paciente”, estas firmas priorizan la seguridad del suministro de minerales a largo plazo por encima de la rentabilidad inmediata. El informe sugiere que esta estabilidad ofrece una oportunidad para que los gobiernos locales negocien estándares de gobernanza ambiental y social (ESG) más estrictos.
- Empresas Privadas (POEs): Operan con mayor eficiencia pero bajo una lógica de mercado de corto plazo. El estudio cita contratiempos en Chile, donde la volatilidad de precios y la lentitud burocrática estatal llevaron a inversores privados a abandonar planes de industrialización, demostrando una menor tolerancia al riesgo político-administrativo de la región.
Debilidad regulatoria como factor de riesgo
El informe es crítico con el papel de los gobiernos receptores, argumentando que la falta de supervisión estatal deja a las empresas chinas en una posición vulnerable. En países como Perú, el uso de mecanismos técnicos para acelerar inversiones ha permitido realizar modificaciones en proyectos mineros sin nuevas evaluaciones de impacto ambiental completas, lo que alimenta la oposición comunitaria.
Esta “debilidad de gobernanza” institucional obliga a las empresas chinas a navegar solas en entornos de alta conflictividad, donde la falta de presencia del Estado para mediar o fiscalizar termina por erosionar la viabilidad de los proyectos.
Financiamiento en transición
A pesar de la importancia de los minerales críticos para la tecnología limpia, el estudio revela que el financiamiento de las instituciones financieras de desarrollo chinas en América Latina sigue anclado en sectores tradicionales. Más del 60% de los préstamos energéticos en la región se concentran todavía en combustibles fósiles e hidroeléctricas, reflejando una inercia financiera que aún no se alinea plenamente con una transición energética justa.
