Por Rebecca Ray
Latinoamérica podría convertirse en una potencia de las energías renovables. Ocupa un lugar destacado en cuanto a potencial de energía solar y eólica, y alberga algunas de las mayores reservas de minerales cruciales para la transición, como el litio y el cobre.
Sin embargo, muchos de los proyectos de transición existentes han dado lugar a enfrentamientos con las comunidades locales, que consideran que no se les ha consultado adecuadamente sobre los posibles daños medioambientales ni se les ha compensado de forma justa.
Se gastarán miles de millones de dólares en la transición energética en América Latina. La pregunta, entonces, es: ¿cuál es la mejor manera de dirigir esta financiación hacia proyectos mineros con un alto nivel de desempeño ambiental, social y de gobernanza (ESG) y, además, hacia el acceso a las energías renovables para las comunidades de toda la región?
Una pieza clave del rompecabezas son los principales impulsores de la demanda: los inversores chinos, que a su vez reciben respaldo financiero de las instituciones financieras públicas de desarrollo (IFD) de su país.
Una nueva serie de documentos de trabajo —coordinada por el Centro de Estudios sobre China y Asia-Pacífico de la Universidad del Pacífico (UP) en Perú y el Centro de Políticas de Desarrollo Global de la Universidad de Boston en Estados Unidos— analiza estas relaciones y sus consecuencias en toda América Latina.
Los estudios concluyen que las empresas chinas son capaces de alcanzar un alto nivel de desempeño en materia de ESG, pero necesitan una normativa clara y sencilla, en contraposición al complejo mosaico de normas existente, que a veces puede dar lugar a lagunas y malentendidos en este sector tan sensible.
Por lo general, esta normativa correría a cargo de los gobiernos de los países en donde tienen lugar los proyectos, así como de las instituciones financieras de desarrollo público.
Además, para aprovechar plenamente el potencial de América Latina en materia de despliegue de energías renovables será necesaria una profunda coordinación entre los gobiernos nacionales y las IFD con el fin de desarrollar carteras de proyectos invertibles a nivel de todo el sistema.
Finanzas chinas y cadenas de suministro verdes
Entre las IFD mundiales, las instituciones chinas, en particular, han liderado la financiación de proyectos mineros en América Latina. Por ejemplo, aportaron cientos de millones de dólares para apoyar la mina de cobre de Toromocho en Perú.
Los proyectos de energía renovable han atraído, en general, relativamente poco interés por parte de las instituciones financieras públicas de desarrollo. En su lugar, se financian a través de bancos multilaterales de desarrollo, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), usualmente con bienes y servicios proporcionados por contratistas chinos. Por ejemplo, el reciente proyecto solar a escala de servicio público del BID en Guyana adquirió su equipo a una empresa conjunta entre Sumec y XJ Group, ambas chinas.
Las IFD tienen dos ventajas principales a la hora de apoyar cadenas de suministro que benefician tanto a las comunidades locales como a las transiciones energéticas globales.
En primer lugar, su propiedad pública y su mandato de perseguir objetivos de desarrollo les confieren la ventaja del “capital paciente”. Centrarse en objetivos a largo plazo y para toda la comunidad, en lugar de en beneficios a corto plazo, puede dar a las empresas mineras y energéticas el tiempo necesario para cumplir con las ambiciosas —pero variadas— regulaciones ambientales y sociales de América Latina.
Los bancos chinos son conocidos por orientar este enfoque de capital paciente hacia objetivos de desarrollo compartidos en América Latina. Este enfoque es especialmente importante en los sectores de la minería y las energías renovables, que dependen en gran medida de la ubicación exacta de un proyecto y, por lo tanto, pueden aportar beneficios económicos locales, o provocar conflictos medioambientales locales, o ambas cosas, dependiendo de su gestión.
En segundo lugar, las IFD chinas suelen dejar en manos de los países prestatarios la supervisión de las normas ESG de sus proyectos. Sin embargo, la gran variedad de normativas ESG en toda América Latina puede generar confusión y expectativas desajustadas entre los inversores extranjeros y las comunidades locales: los primeros consideran que han cumplido con las normas del gobierno nacional, mientras que los segundos sienten que ha faltado consulta.
Los criterios ESG basados en las IFD que cumplan o superen las regulaciones locales, y que formen parte del contrato de financiación, pueden ayudar a garantizar que las empresas sepan lo que se espera de ellas en cada etapa.
Las instituciones financieras de desarrollo chinas siguen elaborando sus propios requisitos en materia de ESG, aunque las Directrices de Finanzas Verdes de 2022 instan a los bancos a desarrollar específicamente mecanismos de consulta a la comunidad antes del inicio de los proyectos, así como mecanismos de rendición de cuentas y de tramitación de reclamos durante la fase operativa de los mismos. El desarrollo de estas normas contribuirá a garantizar que los proyectos sean compatibles con el concepto de “transición justa”.
Los obstáculos
Las IFD también se enfrentan a dos importantes cuellos de botella internos a la hora de financiar una transición energética justa en América Latina.
En primer lugar, aunque las IFD chinas tienen la capacidad de impulsar las inversiones en la generación de energía renovable, su participación en este sector se ha limitado en gran medida a tecnologías más antiguas, como la energía hidroeléctrica. Las tecnologías más recientes, como la solar y la eólica, son relativamente escasas en las carteras de las IFD chinas.
La participación china en el sector hidroeléctrico latinoamericano suele ser el resultado de que las IFD asuman proyectos heredados, desarrollados por primera vez hace décadas. La razón es sencilla: las IFD chinas aún no cuentan con plataformas de desarrollo de proyectosque ayuden a diseñar carteras de nuevos proyectos utilizando tecnología del siglo XXI, mientras que los gobiernos regionales no han desarrollado necesariamente por sí mismos estas ideas de proyectos.
Más recientemente, las IFD de todo el mundo —tanto occidentales como chinas— se han politizado más en su financiación, a medida que las superpotencias luchan por controlar las cadenas de suministro de transición. Poco a poco, sus misiones se han alejado de los objetivos de desarrollo compartidos y se han orientado hacia el interés nacional de asegurar las cadenas de suministro de minerales.
Por ejemplo, la Corporación de Financiación del Desarrollo de Estados Unidos (una importante IFD nacional) ofreció recientemente 565 millones de dólares en financiación de capital a la mina de tierras raras Pela Ema de Serra Verde en Brasil. Pero lo hizo con la condición de que la mina pusiera fin a su acuerdo con clientes chinos y vendiera únicamente a empresas estadounidenses o aliadas de Estados Unidos.
Unos días más tarde, China anunció nuevas regulaciones destinadas a limitar la capacidad de las empresas multinacionales que operan en China para trasladar la producción industrial fuera del país.
Estas maniobras geopolíticas plantean un problema a los países anfitriones, ya que merman su poder de negociación y su capacidad para perseguir sus propios objetivos de desarrollo sostenible a través de las relaciones con los inversores. También pueden verse atrapados entre China y EE.UU. y verse cada vez más obligados a “tomar partido”, como se ha visto con la reciente iniciativa estadounidense de crear una “alianza de minerales críticos”.
Del capital a la coordinación
La solución a estos retos es clara: una mayor coordinación directa entre los gobiernos anfitriones y las instituciones financieras privadas para ayudar a diseñar y poner en práctica estrategias destinadas a desarrollar cadenas de suministro ecológicas que apoyen a las comunidades locales. Esta coordinación debe incluir el desarrollo de carteras de nuevos proyectos mineros y de energía solar y eólica que incorporen los criterios ESG del siglo XXI.
Estas cadenas de suministro deben abarcar todo el proceso, desde los minerales hasta los megavatios, incluyendo las etapas industriales entre esos puntos de partida y llegada, promoviendo un alto nivel de desempeño ESG en los yacimientos mineros y proporcionando acceso a energía renovable y confiable a las comunidades de toda la región. Por ejemplo, los proyectos hidroeléctricos chinos en la región fueron diseñados en su mayoría hace décadas por gobiernos latinoamericanos y no incorporan las expectativas actuales en materia de consulta comunitaria. La coordinación en el desarrollo de nuevas instalaciones de proyectos puede aspirar a más.
Las IFD chinas deberían elaborar directrices detalladas para el desarrollo de proyectos con estándares ESG, similares a los de los financiadores multilaterales. Esto les ayudará a interactuar mejor con las comunidades a medida que América Latina pasa de tecnologías antiguas a otras más modernas en materia de energía renovable.
Los gobiernos latinoamericanos harían bien en aplicar estos métodos para elaborar estrategias nacionales, lo que los posicionará mejor ante el aumento de las tensiones entre Estados Unidos y China.
Rebecca Ray es investigadora académica senior en el Centro de Políticas de Desarrollo Global de la Universidad de Boston, en Estados Unidos. Dirige la línea de trabajo “Bosques, Agricultura y Derechos de los Pueblos Indígenas.
Este artículo fue originalmente publicado en Dialogue Earth bajo la licencia de Creative Commons BY NC ND.
