Un congresista peruano ha presentado una denuncia constitucional contra la ex presidenta Dina Boluarte por extender por 30 años adicionales la concesión del puerto de Matarani.
La decisión beneficia directamente a Terminal Internacional del Sur (Tisur), operada por el grupo local Romero y BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, que adquirió el 50% de la empresa en 2023 a través de su fondo de infraestructura Global Infrastructure Partners (GIP).
La extensión, aprobada mediante una adenda al contrato original (que vencía en 2029), se firmó sin licitación pública, lo que —según la acusación— viola principios constitucionales de libre competencia y contratación transparente, creando un monopolio en un puerto clave para la exportación de cobre, mineral esencial para la economía global.
Perú es el tercer productor mundial de cobre, y Matarani maneja hasta la mitad de estas exportaciones.
Contexto geopolítico: Matarani vs. Chancay
El caso trasciende lo local y se inserta en la rivalidad entre Estados Unidos y China por el control logístico en América Latina.
Matarani, ubicado a más de 1.000 km al sur de Lima, se posiciona como contrapeso estratégico al megapuerto de Chancay, inaugurado recientemente al norte de la capital con una inversión china de 1.300 millones de dólares por parte de Cosco Shipping, la naviera estatal de China.
- Chancay: Parte de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, busca capturar el 50% del comercio China–América Latina y reducir el tiempo de envío a Shanghái de 50 a 30 días.
- Matarani: Con una inversión de 700 millones de dólares liderada por BlackRock, ampliará su capacidad con nuevos muelles, rompeolas y grúas eléctricas. Servirá a minas como Las Bambas (propiedad china), Cerro Verde y Antapaccay.
La prórroga hasta 2059 permitiría a BlackRock consolidar el sur peruano como ruta alternativa a Asia y Europa, en un momento en que China también avanza con proyectos como el puerto de San Juan de Marcona.
Acusaciones de Corrupción y Colusión
El congresista Edwin Martínez acusa a Boluarte y a los ex ministros de Transportes, César Sandoval, y Economía, Raúl Pérez-Reyes, de actuar en colusión. La denuncia incluye:
- Delitos penales: Colusión, negociación incompatible y abuso de cargo.
- Consecuencias solicitadas: Inhabilitación por 10 años para funciones públicas y remisión a la Fiscalía.
- Daños: Tarifas portuarias “abusivas” que perjudican a exportadores locales de minerales y agroindustria.
Aunque la extensión promete 1.800 empleos y 356 millones de dólares en aportes al Estado, además de viabilizar proyectos por 11.000 millones de dólares en el sur (como irrigación y minería), críticos la ven como una entrega de infraestructura estratégica a intereses privados extranjeros sin transparencia.
Implicaciones para la geopolítica regional
El caso podría interpretarse como un intento del gobierno peruano de equilibrar la influencia china, favoreciendo a un gigante financiero estadounidense en un activo crítico.
Sin embargo, ya existen rutas conjuntas Matarani–Chancay impulsadas por Cosco. Esto refleja una competencia híbrida: económica entre puertos, pero también geopolítica entre superpotencias, con Perú en el centro.
El Congreso evaluará la denuncia en las próximas semanas.
