China se ha consolidado como el actor dominante en la construcción y el financiamiento de la transición energética en América del Sur, pero ejerce esa influencia casi exclusivamente como inversionista y constructor, no como fuerza política, según un nuevo informe de la Fundación Andrés Bello (FAB).
El estudio, titulado «China y la transición energética en América del Sur», se basó en 50 entrevistas realizadas entre abril y octubre de 2025 con funcionarios, académicos, empresarios y representantes de la sociedad civil en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú.
El informe concluye que la relación entre Pekín y la región no puede describirse como simple dependencia ni como una oportunidad de desarrollo automática, sino como una «interdependencia asimétrica» que se despliega en medio de una competencia geopolítica creciente.
Inversor, constructor, financiador — no regulador
De acuerdo con la encuesta estructurada aplicada a 42 de los entrevistados, el 88,1% identificó a los actores chinos primero como inversionistas, el 85,7% como constructores y el 66,7% como financiadores. Solo el 16,7% los asoció con actividad política directa, y ninguno los consideró reguladores del sistema energético.
Los sectores donde China tiene mayor presencia son generación de energía y minería, cada uno señalado por el 78% de los encuestados, seguidos de construcción de infraestructura (53,7%) y transmisión eléctrica (46,3%). Su papel en manufactura es marginal (12,2%), lo que perpetúa la dependencia regional de equipos importados.
El informe describe este patrón como una forma de “capitalismo estatal incrustado”, en el que bancos de desarrollo, embajadas y empresas —públicas y privadas— operan dentro de un marco estratégico común fijado por Pekín, sin necesitar una coordinación directa y constante entre ellos.
El costo, por encima de todo
El factor que más pesa a la hora de adjudicar proyectos energéticos a empresas extranjeras, según los entrevistados, es el costo (78,6%), seguido de las condiciones de financiamiento (54,8%), la experiencia previa (40,5%) y la velocidad de ejecución (38,1%).
Los estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) apenas fueron mencionados por uno de cada cuatro entrevistados, y solo el 16,7% consideró relevante la corrupción o el tráfico de influencias.
Al evaluar específicamente las ventajas de las empresas chinas frente a otros competidores extranjeros, los encuestados citaron el menor costo (71,4%), el respaldo estatal directo vía financiamiento (64,3%) y la mayor velocidad de ejecución (59,5%). Solo el 35,7% cree que las firmas chinas asuman más riesgo que sus pares internacionales.
Gobernanza, no geopolítica, es el riesgo principal
Contrario a los debates que dominan en Washington y Europa sobre la influencia estratégica china, los actores sudamericanos consultados identifican los riesgos institucionales —no los tecnológicos ni los geopolíticos— como los más determinantes para la transición energética.
El 76,2% señaló los riesgos de gobernanza y el 59,5% los riesgos sociales, por encima de los riesgos ambientales (54,8%), económicos (52,4%), tecnológicos (40,5%) y geopolíticos (38,1%).
La dependencia tecnológica de proveedores chinos rara vez se percibe como una amenaza estratégica; más bien se considera un rasgo estructural del desarrollo regional, independientemente del origen del proveedor.
La experiencia con la gobernanza de los proyectos varía marcadamente entre países. Chile y Colombia no reportan problemas sustanciales más allá de los propios de los sectores en que operan las empresas chinas.
Ecuador y Perú, en cambio, registran tensiones más pronunciadas vinculadas a sobrecostos, falta de transparencia e impactos socioambientales.
En Brasil y Argentina, la experiencia depende en gran medida del estado o la provincia involucrados.
La diplomacia como ventaja competitiva
Más de tres de cada cuatro entrevistados (76%) afirmaron que las embajadas chinas u otras agencias gubernamentales promueven activamente a sus empresas en el terreno, facilitando el acceso a ministerios, resolviendo disputas burocráticas y respaldando garantías de financiamiento de bancos estatales.
El informe sostiene que esta articulación entre diplomacia y negocios constituye una ventaja competitiva difícil de igualar para otros países.
Estados Unidos, el gran ausente
Pese a que actores occidentales y multilaterales mantienen presencia relevante en nichos como energías renovables (57,1%), financiamiento verde (50%) y consultoría en estándares ESG (45,2%), su participación cae en segmentos intensivos en capital, como transmisión (38%) y almacenamiento de energía (11,9%).
El informe describe una división funcional: instituciones europeas y multilaterales tienden a moldear normas y marcos de financiamiento, mientras que las empresas chinas dominan la ejecución material y tecnológica de los proyectos.
Una observación que se repite en los seis países es el papel limitado de Estados Unidos en la transición energética regional, un contraste notable frente a su influencia política histórica en la región. Los entrevistados describieron ese vacío como una oportunidad no aprovechada por Washington.
Las actitudes hacia una mayor diversificación de actores extranjeros son mixtas: Ecuador pide explícitamente más participación europea y estadounidense para equilibrar la influencia china; Chile, con un sistema ya diversificado, la considera en gran medida innecesaria; Argentina, Brasil y Perú están divididos, y Colombia enmarca la cuestión como una oportunidad de complementariedad antes que de competencia.
