Estados Unidos revocó la visa a un juez peruano que en febrero había fallado a favor de la naviera estatal china Cosco Shipping en una disputa regulatoria sobre el megapuerto de Chancay, dijo el Departamento de Estado el domingo.
La medida contra Juan Carlos Núñez Matos, juez del Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, se enmarca en una nueva política de sanciones contra funcionarios que, según Washington, socavan la gobernanza democrática en América Latina mediante corrupción o narcotráfico.
Núñez Matos fue uno de 17 funcionarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú afectados por la medida, que responde a los compromisos asumidos en la Cumbre de Doral y en la declaración de líderes del “Escudo de las Américas” del 22 de septiembre. El Departamento de Estado revocó también las visas de sus familiares directos.
El comunicado no detalló los motivos específicos del caso de Núñez Matos más allá de la referencia general a corrupción y narcotráfico, y no mencionó al Puerto de Chancay ni a Cosco Shipping.
La medida se aplicó bajo la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite a Washington negar el ingreso a personas cuya entrada podría tener “consecuencias adversas graves” para su política exterior.
El fallo sobre el puerto de Chancay
Núñez Matos falló en febrero a favor de una acción de amparo presentada por Cosco Shipping Ports Chancay Perú, que opera el megapuerto al norte de Lima.
La resolución ordenó al Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) abstenerse de ejercer facultades de regulación, supervisión y fiscalización sobre la terminal, con la excepción de la fijación de tarifas.
Días después, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado expresó en la red social X su preocupación por el fallo, advirtiendo que Perú “podría verse imposibilitado de supervisar Chancay… bajo la jurisdicción de propietarios chinos depredadores” y que “el dinero barato chino cuesta soberanía”.
Esa decisión fue revertida en julio por la Segunda Sala Constitucional de Lima, que declaró improcedente la demanda de Cosco Shipping y restableció las competencias de Ositrán sobre el puerto. La empresa anunció entonces que recurriría al Tribunal Constitucional.
Óscar Vidarte, internacionalista y profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), advirtió que el mensaje para el sistema judicial peruano sería que afectar intereses estadounidenses tiene consecuencias.
Perú es uno de los cuatro países, junto con Bolivia, Colombia y Ecuador, incluidos hasta ahora en la iniciativa “Escudo de las Américas”, que Washington describe como un mecanismo para coordinar sanciones contra quienes considera una amenaza a la democracia y el Estado de derecho en la región.
