- La justicia peruana anuló un fallo de primera instancia que prohibía al organismo estatal regular y supervisar las operaciones del megapuerto de Chancay de la china Cosco Shipping
- Las autoridades determinaron que el carácter de uso público del terminal marítimo obliga a la corporación a someterse a las leyes y fiscalizaciones del Estado
- El tribunal dictaminó que la propiedad privada de la infraestructura y la ausencia de un contrato de concesión estatal no eximen a la firma de la supervisión oficial
- Esta decisión se suma a un fallo dictado la semana pasada que rechazó otra demanda de amparo de Cosco contra una investigación de libre competencia de Indecopi
- Un informe del Centro de Estudios sobre China y Asia-Pacífico de la Universidad del Pacífico sostiene que Indecopi erró al evaluar el Puerto de Chancay como si fuera un mercado aislado, ignorando que compite directamente con el Callao
La Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró improcedente una demanda de amparo interpuesta por la empresa Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A. contra el organismo regulador estatal OSITRAN, según una resolución judicial fechada el 17 de junio de 2026.
Con esta decisión, el tribunal revoca una sentencia de primera instancia dictada en enero favorable a Cosco, la cual había declarado fundada la demanda de la firma marítima y ordenaba a OSITRAN abstenerse de ejercer sus facultades de regulación, supervisión y fiscalización sobre las operaciones del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay.
La disputa legal se centró en la naturaleza de la infraestructura portuaria. Cosco Shipping argumentaba que, al tratarse de un puerto de titularidad privada desarrollado sin un contrato de concesión con el Estado, el regulador carecía de competencia para supervisar sus actividades y exigir el pago de aportes por regulación.
Sin embargo, el tribunal superior desestimó estos agravios al determinar que el factor determinante para la intervención de OSITRAN es el uso público de la infraestructura, independientemente de si la propiedad es pública o privada.
Al ser el Terminal de Chancay un puerto de uso público, la empresa califica legalmente como una “Entidad Prestadora” y queda sujeta a las potestades normativas y fiscalizadoras del organismo estatal.
Bajo esa premisa, la Sala dictaminó que los oficios, requerimientos y comunicaciones emitidos por OSITRAN entre 2024 y 2025 forman parte del ejercicio regular de sus competencias legales y no constituyen una “amenaza cierta e inminente” contra los derechos constitucionales de la empresa, como la libertad de empresa o la propiedad.
El fallo representa el segundo revés judicial contra la firma de capitales chinos en el ámbito judicial del país andino.
La semana pasada, el Juzgado Civil de Chancay declaró infundada otra demanda de amparo de Cosco Shipping que buscaba anular una investigación técnica de mercado efectuada por el Indecopi, ratificando la validez de las actuaciones del regulador en materia de libre competencia.
En el terreno económico, la presión sobre el megapuerto ha generado debate en la academia.
Un informe técnico reciente del Centro de Estudios sobre China y Asia-Pacífico (CECHAP) de la Universidad del Pacífico cuestionó que los reguladores pretendan fijar tarifas máximas en Chancay.
El estudio sostiene que el puerto ya compite directamente con el Callao mediante rebajas de precios de entre 10% y 30%, por lo que una intervención estatal carece de sustento económico y debería ser sustituida por un monitoreo posterior.
Chancay se ha convertido en blanco del escrutinio de EE. UU. Funcionarios y legisladores estadounidenses han advertido que el puerto podría generar riesgos de espionaje chino o de un futuro uso militar, afirmaciones que Pekín ha rechazado.
En abril, la representante María Elvira Salazar, presidenta del Subcomité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes para el Hemisferio Occidental, instó al próximo gobierno del Perú a «recuperar» el puerto controlado por China y afirmó que Washington brindaría ayuda.
En una entrevista con la Agencia de Noticias de China en Hong Kong, Li Min, investigadora asistente del Instituto de Relaciones Internacionales de la Academia de Ciencias Sociales de Shanghái, comparó la disputa de Chancay con la reciente presión de Estados Unidos sobre los puertos vinculados a China en Panamá.
Li manifestó que el próximo gobierno del Perú podría enfrentar presiones para acercarse a Washington, especialmente si Keiko Fujimori gana.
«Si gana un candidato de derecha, será difícil abolir directamente el contrato del puerto», afirmó Li. «Sin embargo, el nuevo gobierno podría aumentar las dificultades operativas para las empresas chinas mediante el incremento de los costos regulatorios y la fijación de nuevas condiciones de inversión», señaló.
