“Ministra, vamos a poner banderas en las grúas; esto es de nosotros”. Con esta frase, un grupo de trabajadores resumió el histórico traspaso de las terminales de Balboa y Cristóbal tras la salida de la hongkonesa CK Hutchison Holdings (PPC). El control de estas operaciones estratégicas ha pasado ahora a los gigantes navieros APM Terminals (Maersk) y Terminal Investment Limited (TIL/MSC).
La voluntad,revelada por la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, de querer colocar la bandera panameña sobre la propiedad privada de la firma saliente marca una victoria narrativa para el gobierno de José Mulino en su discurso de soberanía, y evidencia el principal “talón de Aquiles” de las corporaciones chinas en América Latina: la dificultad para generar arraigo en una cultura laboral que choca frontalmente con el modelo de gestión asiático.
El choque de modelos: China vs. América Latina
Un informe exclusivo de Guancha.cn (Observer) —basado en un año de entrevistas a gerentes chinos en la región— expone un choque estructural entre la cultura de “alta velocidad” asiática y el enfoque de “bienestar primero” latinoamericano.
Las tácticas motivacionales comunes en China, como la comparación pública de rendimientos o la presión psicológica, suelen ser interpretadas en América Latina como acoso laboral, derivando en costosas demandas.
Muchos gerentes asiáticos apenas comienzan a comprender el poder político de los sindicatos locales, que funcionan no solo como representantes gremiales, sino como nodos críticos de gobernanza comunitaria.
Denuncias de obstrucción y opacidad
La ministra Muñoz fue enfática al describir las dificultades para ejercer la autoridad laboral durante la concesión de Hutchison:
- Bloqueo de inspecciones: La empresa prohibía el acceso a los inspectores de trabajo, especialmente tras accidentes vinculados a la falta de mantenimiento. “Teníamos que pedir permiso en la garita… cuando lográbamos entrar, las pruebas ya habían desaparecido”, afirmó la titular.
- Segregación Laboral: Se detectaron múltiples sustituciones patronales internas diseñadas para fragmentar la fuerza laboral, creando brechas salariales abismales entre trabajadores que desempeñaban funciones idénticas en el campo.
- Opacidad Administrativa: A pesar de las solicitudes oficiales, la empresa mantuvo una política de hermetismo sobre su personal y operaciones comerciales.
El factor laboral como garantía operativa
Más allá del cumplimiento de las leyes de trabajo, la administración panameña ha estructurado una política de seguridad logística donde el personal administrativo y operativo actúa como salvaguarda de los activos.
Al asegurar la paz social, el Estado establece una garantía contra posibles interrupciones en el flujo del Canal de Panamá, posicionando al trabajador como el actor que blinda la operación frente a riesgos de paralización.
El eje de esta estrategia de continuidad ha sido la sustitución patronal. Bajo este marco jurídico, un total de 1,254 trabajadores directos han sido absorbidos por las nuevas operadoras con los beneficios laborales que acumulan por años:
- En Balboa: 886 trabajadores (556 operativos y 330 administrativos).
- En Cristóbal: 368 trabajadores (250 operativos y 118 administrativos).
- Adicionalmente, el Estado busca regularizar a más de 3,000 trabajadores de empresas subsidiarias para garantizar la sostenibilidad total del sistema portuario.
Según la ministra Muñoz, dotar de certeza a la fuerza laboral es la medida de mitigación más efectiva para prevenir el caos operativo que suele acompañar a los cambios de concesión a gran escala.
Esta política de transición controlada busca diferenciar la gestión actual del trauma derivado del cierre de Cobre Panamá en 2023.
En aquel episodio, el cese abrupto de operaciones de First Quantum Minerals dejó a cerca de 7,000 empleados sin un plan de contingencia, lo que desencadenó bloqueos y una inestabilidad económica que afectó la reputación del país.
