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Inversiones chinas en Colombia: Choque de gestión y adaptación acelerada

Inversiones chinas en Colombia: Choque de gestión y adaptación acelerada
Personas visitan el stand de Zijin Mining Group Co. Ltd. durante una exposición en Tianjin, China, el 24 de septiembre de 2016. (Foto de Li shengli / Imaginechina / Imaginechina vía AFP)

Las empresas chinas que operan en los sectores estratégicos de Colombia están demostrando una capacidad de adaptación inusualmente rápida tras enfrentar conflictos iniciales derivados de modelos de gestión rígidos y herméticos, según un estudio detallado del Centro de Estudios sobre China y Asia-Pacífico (CECHAP).

El documento de trabajo, titulado “América Latina, China y una transición energética justa: El caso de Colombia” y elaborado por los investigadores Camilo Defelipe Villa y Jose Luis Díaz Ramos, examina cómo la presencia económica de China interactúa con los objetivos de desarrollo y transición energética del país.

El modelo de gestión: Hermetismo y desconexión

El informe señala que la estructura interna de estas compañías suele ser el primer obstáculo para su legitimidad en el país. Las empresas mantienen “equipos directivos chinos” y enfrentan dificultades como el “insuficiente bilingüismo entre personal chino y colombiano”.

“El requisito de contratar un mínimo de trabajadores colombianos dificulta la integración de los equipos, y las diferencias culturales y legales pueden dificultar las negociaciones e interpretación de contratos, lo que hace necesario contar con asesores legales locales para evitar malentendidos o infracciones contractuales”, señala el informe.

En el caso de la mina de oro Buriticá, operada por Zijin Continental Gold, el cambio de propiedad de manos canadienses a chinas supuso una ruptura en la relación con el entorno. 

Mientras que la administración anterior mantenía un diálogo constante, con la llegada de Zijin, “la operación de asuntos ESG fue asignada a varios contratistas sin competencia directa en los temas”.

Esta estructura provocó que se interrumpieran las vías de comunicación y que se descontinuaran programas clave como el Plan Buriticá, lo que fue interpretado por expertos como una señal de que la empresa “renunciaba a ser comunidad”.

El choque con la realidad territorial

Al inicio de sus operaciones, las empresas chinas tienden a “descuidarse en pro de la celeridad y eficiencia operativas”, asumiendo erróneamente que el Estado colombiano garantiza la seguridad y el orden en todo el territorio.

En Buriticá, esto resultó en un escenario crítico donde la empresa se encontró desprotegida ante la minería ilegal y el control de grupos armados.

Actualmente, se estima que el saqueo por parte de mineros ilegales es de “1.5 a 2 toneladas anuales” y que el Clan del Golfo “mantiene bajo su control alrededor de un 60% de los túneles de la mina”.

La curva de aprendizaje: Adaptación en tiempo récord

A pesar de estos fallos estructurales, el informe destaca un rasgo distintivo de la inversión china frente a la de otros países: su velocidad de respuesta.

“La curva de aprendizaje de las inversiones chinas es más acelerada que la de otro tipo de inversiones”, concluye el estudio.

Gráfico: CECHAP

Tras los choques iniciales, las empresas han mostrado “aprendizajes y adaptaciones importantes a normas y contextos culturales colombianos” (pág. 12), logrando que hoy las leyes laborales nacionales tiendan a cumplirse.

Zijin, por ejemplo, ha pasado de un enfoque de “acuartelamiento” a uno de cumplimiento riguroso de estándares internacionales.

La empresa ahora suscribe marcos del “Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM)” y las guías de la “OCDE para cadenas de suministro responsables”.

Conclusión estratégica

El estudio sugiere que, si bien China presenta oportunidades para la transición energética, la dependencia tecnológica es alta.

Colombia se está limitando a ser un “comercializador de productos chinos”, importando la mayoría de los insumos y maquinaria sin lograr una transferencia tecnológica real.

Para que esta inversión se traduzca en una “transición energética justa”, el informe advierte que es imperativo que el Estado colombiano recupere su rol garante y que las empresas dejen de importar automáticamente estándares, adaptándolos en su lugar a las “realidades institucionales, socioculturales y ambientales específicas a cada territorio”.