La presidenta del organismo supervisor de transportes de Perú (OSITRAN), Verónica Zambrano, rechazó el jueves que se hayan cambiado las “reglas de juego” tras un fallo judicial que permite al Estado supervisar el megapuerto de Chancay, y aseguró que la decisión solo ratifica las facultades legales que posee la institución.
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En una entrevista radial a RPP, Zambrano calificó como “completamente falso” el argumento de la empresa de capitales chinos Cosco Shipping respecto a que las condiciones para su inversión de US$ 1.300 millones fueron alteradas con este dictamen.
“Las reglas nunca cambiaron y si cambiaron fue para favorecerlos”, aseveró la funcionaria, haciendo referencia a una ley aprobada por el Congreso peruano que reconoció el derecho de la compañía a brindar servicios portuarios de manera exclusiva.
La jefa del ente regulador respondió así a las declaraciones de la defensa legal de Cosco Shipping, que anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional para frenar la fiscalización estatal bajo el argumento de que las leyes eximen de control a los puertos de titularidad 100% privada que operan sin un contrato de concesión con el Estado.
Rechazo a supuesta contradicción
Zambrano desestimó los cuestionamientos del abogado de la firma marítima sobre un oficio emitido por OSITRAN en 2017, el cual, según la empresa, eximía al puerto de regulaciones públicas.
La presidenta sostuvo que dicho documento técnico estipulaba con claridad que el organismo mantiene funciones reguladoras y supervisoras en materia de tarifas, aportes económicos y solución de controversias con los usuarios.
“Lo único que indica claramente es que no va a poder supervisar niveles de servicio porque obviamente al no haber un contrato, no hay niveles de servicio marcados”, precisó la funcionaria, añadiendo que la institución nunca ha pretendido una supervisión de ese tipo.
Asimismo, precisó que no existe la figura legal de puerto “de uso exclusivo” y recordó que, si bien la infraestructura de Chancay —valorada en 1.300 millones de dólares— es privada, califica como un terminal de “uso público” porque está obligado a atender la carga de cualquier cliente externo.
Para descartar un trato diferenciado hacia el grupo chino, Zambrano reveló que OSITRAN ya fiscaliza bajo este mismo marco legal al puerto Logística Peruana del Oriente, un terminal de propiedad privada y uso público que opera en el país desde antes de la llegada de Cosco.
“OSITRAN no solo supervisa concesiones (…) supervisa cualquier entidad prestadora de servicios al público”.
Evaluación de tarifas y sanciones
Respecto a la futura regulación de tarifas del megapuerto, la funcionaria explicó que la ley peruana determina la fijación de precios máximos únicamente si se comprueba la inexistencia de competencia en el mercado.
“Tenemos ahorita una resolución de Indecopi que señala que no hay competencia, pero esa resolución ha sido dada hace ya meses y el mercado está funcionando de manera muy, está teniendo una evolución muy rápida en diferentes servicios justamente a raíz de la llegada de Costco Shipping”, explicó Zambrano, adelantando que OSITRAN actualizará los estudios económicos debido a la rápida evolución del sector por el inicio de operaciones de Chancay.
“Si hay un escenario de competencia, desregularemos. No solo a Chancay, sino a los demás puertos del Callao también, porque tendrían que competir en igualdad de condiciones”, enfatizó la funcionaria.
Finalmente, la presidenta advirtió que el organismo supervisor ya se encuentra solicitando requerimientos de información a la empresa de capitales chinos y que evaluarán aplicar sanciones administrativas en caso de recibir respuestas negativas.
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