El proyecto de infraestructura portuaria de Corío, ubicado en Islay, Arequipa, se perfila como una de las iniciativas más estratégicas para el Perú en el siglo XXI.
Con un calado natural cercano a los 28 metros, se posiciona como uno de los pocos enclaves en Sudamérica capaz de recibir megabuques post-Panamax sin necesidad de costosos dragados, proyectándose como un hub logístico de alcance hemisférico.
A nivel institucional, el proyecto ha dejado de ser un anuncio regional para convertirse en una prioridad de Estado: en agosto de 2025, la Autoridad Portuaria Nacional (APN) otorgó la viabilidad técnica temporal al Consorcio Hub Corío Megapuerto del Sur, y en noviembre del mismo año, ProInversión y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) suscribieron un convenio formal para impulsar el “Megapuerto de las Américas – Corío”.
Sin embargo, el valor geoestratégico de Corío no puede entenderse de forma aislada. Su relevancia se ha disparado tras la entrada en operación del Puerto de Chancay, controlado por capitales chinos, lo cual ha comenzado a modificar el equilibrio regional de las cadenas logísticas del Pacífico sudamericano y a consolidar a la RPC —a través de COSCO Shipping Ports— como el actor predominante en la infraestructura portuaria regional.
En este escenario, los puertos han dejado de ser nodos estrictamente comerciales para transformarse en “activos estratégicos” dentro de la geopolítica del transporte, es decir, infraestructuras cuyo control influye directamente en la resiliencia territorial y en las disputas entre potencias por los flujos globales.
Ante el avance de Chancay, la operatividad de Corío —estimada en una inversión multimodal de 7 000 millones de dólares— ofrece al Perú la oportunidad de diversificar rutas y evitar que una sola potencia concentre el control logístico regional, configurando un sistema portuario nacional con equilibrio estratégico y gobernanza soberana.
A esta situación se añade un entramado de presiones internacionales que demuestra que las decisiones sobre el litoral peruano no poseen un carácter neutro.
Por un lado, la National Defense Strategy (2026) de Estados Unidos reafirma la centralidad de la competencia entre potencias y la protección de infraestructuras críticas en entornos donde el acceso a nodos marítimos adquiere una creciente relevancia securitaria.
De forma simultánea, la formalización en el Congreso de los EE. UU. (en diciembre de 2025) de la intención de designar al Perú como “Aliado principal no miembro de la OTAN” incrementa drásticamente la sensibilidad geopolítica de estos proyectos.
En un contexto global de 2026 sacudido por la volatilidad geoeconómica, los riesgos en las cadenas de suministro y disrupciones en chokepoints energéticos como el Estrecho de Ormuz, Corío se convierte en un instrumento de poder y capacidad de maniobra estatal.
Bajo esta dinámica de fuerzas contrapuestas, el futuro de la iniciativa se debate entre tres escenarios estratégicos de financiamiento y gobernanza:
1. Escenario Norteamericano: Contrapeso Estratégico Frente a China
El primer escenario contempla la posibilidad de que EE. UU. o empresas vinculadas a su entorno estratégico, lideren el financiamiento y la operación de Corío.
De acuerdo con el Gobierno Regional de Arequipa, se han impulsado reuniones exploratorias con inversionistas norteamericanos, presentando el megaproyecto como un hub logístico destinado a conectar el sur del Perú, Brasil, Bolivia, Chile y Argentina con las rutas comerciales del Pacífico hacia Estados Unidos.
En esta alternativa, Corío podría consolidarse como un contrapeso estratégico frente al Puerto de Chancay, actualmente controlado por COSCO Shipping Ports, lo que contribuiría a evitar la concentración del comercio marítimo regional bajo un único actor.
Además, Estados Unidos podría aportar tecnología portuaria de última generación, estándares de interoperabilidad logística y facilidades para la integración hemisférica, coherentes con las prioridades de resiliencia en cadenas de suministro y protección de infraestructuras críticas establecidas en la National Defense Strategy 2026.
Asimismo, facilitaría el acceso a redes logísticas con estándares occidentales de transparencia financiera, cumplimiento normativo y seguridad portuaria.
No obstante, esta alternativa implica desafíos estratégicos significativos. Optar por un modelo de financiamiento predominantemente norteamericano supondría reconfigurar equilibrios diplomáticos, considerando que la República Popular China (RPC) es el principal socio comercial del Perú, mientras Estados Unidos mantiene un rol relevante como aliado político, económico y militar. En tal contexto, podrían surgir fricciones diplomáticas y comerciales si no se gestiona con equilibrio pragmático.
Al mismo tiempo, ofrecería ventajas relevantes: fortalecimiento de alianzas estratégicas con Washington, atracción de tecnología portuaria avanzada y articulación de esquemas de cooperación en seguridad marítima y defensa regional, sin comprometer la autonomía decisional del Estado peruano.
Por ello, la viabilidad de esta opción dependerá de la capacidad del Perú para gestionar una diplomacia activa y multifocal, capaz de mantener relaciones constructivas con ambas potencias, evitar alineamientos exclusivos y priorizar la autonomía estratégica nacional.
Como ha señalado Robert Evan Ellis, experto en relaciones interamericanas y profesor asistente en el U.S. Army War College, la estrategia de «neutralidad activa» podría ofrecer al Perú un marco de actuación viable para sostener relaciones simultáneas con la RPC y Occidente, especialmente en el contexto internacional de 2026, caracterizado por el retorno de enfoques realistas y la creciente competencia por nodos logísticos estratégicos, sin comprometer su capacidad soberana de decisión sobre proyectos como Corío.
De igual manera, en enero de 2026, el Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS, sigla en inglés) aprobó una posible venta por aproximadamente US$ 1 500 000 destinada a apoyar la reubicación de la principal base naval del Perú en el Callao.
Esta medida se vincula con la ampliación del puerto comercial y con la competencia logística regional asociada al Puerto de Chancay, lo que refuerza la idea de que la infraestructura portuaria peruana comienza a insertarse en decisiones de seguridad y logística de alcance hemisférico.
Por lo tanto, este antecedente evidencia que la dimensión portuaria y la dimensión estratégico-militar empiezan a entrelazarse en la percepción internacional sobre el Perú.
2. Escenario Chino: Consolidación de la Ruta Marítima de la Seda
Este planteamiento postula que China, mediante conglomerados como Cosco Shipping Ports, lidere el financiamiento y la operación de Corío, integrándolo a su estrategia global de la Iniciativa de la Franja y la Ruta.
Según el Observatorio del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), China ha invertido más de US$ 3 600 000 dólares en el Puerto de Chancay, proyectándolo como un nodo logístico de gran escala que refuerza su control sobre los flujos comerciales del Pacífico sudamericano y consolida su influencia sobre las principales rutas de exportación de América del Sur con destino a los mercados asiáticos.
Si Corío se incorporara a esta red, Pekín consolidaría su influencia marítima en la región y fortalecería su capacidad de negociación sobre rutas estratégicas de exportación de minerales, gas, agroindustria y manufacturas. Se configura así un eje logístico articulado bajo liderazgo chino en el litoral peruano.
Tal alternativa, sin embargo, plantea desafíos complejos para la autonomía estratégica del Perú. El control simultáneo de Chancay y Corío por capitales chinos podría generar una dependencia estructural, limitando la diversificación de socios comerciales y reduciendo el margen para equilibrar relaciones diplomáticas.
Además, diversos estudios sostienen que los megaproyectos chinos en infraestructura portuaria suelen generar círculos de dependencia tecnológica y condicionamiento financiero que dificultan la renegociación soberana.
A ello se suma la preocupación creciente por la presencia de grandes embarcaciones chinas que operan en las proximidades del litoral peruano, muchas veces asociadas a prácticas de pesca depredadora o ilegal, afectando los recursos hidrobiológicos y debilitando la capacidad del Estado para ejercer un control efectivo sobre su dominio marítimo.
Por lo tanto, este tipo de actividades no solo erosiona la soberanía económica y ambiental del país, sino que puede facilitar redes ilícitas transnacionales vinculadas al tráfico de especies, evasión de impuestos o explotación laboral en altamar.
En ese sentido, el desafío no radica únicamente en el origen del capital, sino en el diseño de marcos contractuales y regulatorios que garanticen soberanía operativa, transparencia y control estatal efectivo.
Esta coyuntura podría colocar al Perú en el centro de una competencia geopolítica directa, obligando al Estado a gestionar presiones contrapuestas entre sus principales socios comerciales y potencias con agendas divergentes, en las que la soberanía territorial y marítima será puesta a prueba por intereses externos.
En este punto, resulta clave establecer principios de gobernanza estratégica portuaria, definidos por estándares internacionales, que protejan los activos logísticos nacionales del control exclusivo de potencias extranjeras.
Por consiguiente, la prioridad debe centrarse en preservar la capacidad de decisión nacional sobre infraestructuras críticas, independientemente del origen del financiamiento.
3. Escenario Multipolar: Diversificación y Autonomía Estratégica
Este modelo contempla un esquema de financiamiento diversificado, con la participación de países como Corea del Sur, Portugal y consorcios europeos o asiáticos.
Dicho enfoque busca maximizar el poder de negociación del Estado peruano al evitar concentraciones excesivas de poder e influencia.
Asimismo, este esquema podría incorporar a actores emergentes del Medio Oriente, como los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Qatar o Arabia Saudita, interesados en inversiones portuarias, energéticas y logísticas en América Latina, lo que ampliaría el abanico geoeconómico de socios estratégicos.
Bajo esta lógica, Corío podría desarrollarse como un puerto de gobernanza compartida, capaz de atraer tecnología portuaria avanzada, fomentar la transferencia de conocimiento y establecer zonas económicas especiales orientadas a impulsar la industrialización del sur peruano.
El modelo multipolar ofrece la mayor autonomía estratégica al Perú, permitiéndole equilibrar relaciones con diferentes bloques de poder y reducir su exposición a conflictos hegemónicos.
Aun así, representa el escenario más complejo de concretar, ya que exige un liderazgo político sólido, una diplomacia económica activa y la implementación de un marco regulatorio competitivo que genere confianza entre inversionistas de múltiples orígenes.
Además, este modelo podría enfrentar resistencia directa de potencias que buscan consolidar su influencia en el Pacífico Sur, lo que obligaría al Estado a proteger jurídicamente el proyecto, reforzar sus capacidades de negociación internacional y salvaguardar el control soberano sobre su litoral y espacios marítimos.
Por ello, requiere instituciones fuertes, estabilidad jurídica y una política exterior coherente que respalde la diversificación estratégica.
Más allá de las alternativas de financiamiento y modelos de gestión analizados, el Puerto de Corío se configura como un punto neurálgico en la competencia global por el control de las rutas logísticas del Pacífico Sur; su potencial para alterar equilibrios comerciales y estratégicos convierte el megaproyecto en un activo sensible para los principales actores internacionales.
Independientemente del escenario predominante, el proyecto estará inevitablemente inserto en dinámicas de competencia sistémica; en consecuencia, el desafío para el Perú no consistirá únicamente en escoger quién financiará o administrará el puerto, sino en definir cómo proteger sus decisiones estratégicas, a fin de garantizar que estas respondan a una estrategia nacional integral, alineada con los principios de autonomía estratégica, seguridad cooperativa y un modelo de gobernanza de infraestructuras logísticas críticas que preserve la soberanía decisional del Estado.
Riesgos Estratégicos y Medidas de Mitigación
Cualquier planificación nacional sobre Corío debe anticipar que un megaproyecto de esta trascendencia enfrentará intentos de contención o neutralización geoeconómica por parte de actores cuyas posiciones dominantes se vean amenazadas.
El artículo ha sido ligeramente editado por China en las Américas por motivos de espacio.
