Cuando la embajada de Estados Unidos en Panamá anunció en junio que el equipo de telecomunicaciones de Huawei —el gigante tecnológico chino— sería reemplazado por “tecnología estadounidense segura” en 13 sitios del país, no se trataba de una simple actualización técnica. Era una señal clara.
La medida, dirigida a contrarrestar la “influencia maligna” de China (según el comunicado de prensa), marcó una escalada estratégica en la rivalidad entre Washington y Pekín que se desarrolla en Centroamérica. De acuerdo con funcionarios estadounidenses, el proyecto de dos años no solo dará a Panamá un mayor control sobre su infraestructura de telecomunicaciones, sino que también reforzará su capacidad para combatir el narcotráfico, el contrabando de armas y el crimen organizado.
La retirada del equipo de Huawei es la más reciente de una serie de decisiones de Panamá para recalibrar su relación con Pekín. Estas incluyen una auditoría a los puertos de Balboa y Cristóbal, operados por la empresa hongkonesa CK Hutchison; la venta pendiente de esos puertos a un consorcio liderado por Estados Unidos; la salida de Panamá de la iniciativa de la Franja y la Ruta; y la reasignación de un importante proyecto ferroviario de una firma china a una estadounidense. En conjunto, estos pasos sugieren que, en medio de la creciente competencia estratégica entre China y Estados Unidos, Panamá se está alineando con Washington.
El presidente panameño, José Raúl Mulino, se mostró al menos públicamente indignado con el anuncio de la embajada estadounidense sobre Huawei, criticando la redacción y alegando que se trataba de otro intento de “arrastrar a Panamá a un conflicto geopolítico entre China y Estados Unidos”. En la práctica, sin embargo, la decisión misma de emprender esta modernización tecnológica indica un nuevo acercamiento a Washington.
La medida es significativa, ya que apunta al posible cierre del mercado panameño —e incluso del regional centroamericano— a las empresas tecnológicas chinas.
Si bien la colaboración entre Estados Unidos y Panamá en telecomunicaciones tiene raíces profundas, la influencia de Pekín creció tras la llegada de Huawei en 2008 y el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Panamá y China en 2017. La preocupación de Washington se intensificó en 2024, cuando Huawei anunció planes para instalar en Panamá el primer centro regional de ciberseguridad y transparencia de América Latina. Por esa misma época, surgieron informes de que Panamá comenzaba a probar tecnología 5G con apoyo de Huawei.
Con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la influencia de China sobre el canal de Panamá se convirtió en una prioridad de política exterior. Para quienes en Washington veían con alarma la presencia tecnológica china en el país, era la oportunidad perfecta. Incluso se alcanzó un acuerdo entre el Comando Sur de Estados Unidos —responsable de las operaciones en Centroamérica y Sudamérica— y la Autoridad del Canal de Panamá, destinado a detectar “puertas traseras” en los sistemas de telecomunicaciones que ponían en riesgo la seguridad panameña. La creciente cooperación en este ámbito abrió la puerta a un golpe decisivo contra la infraestructura de Huawei en el país.
Costa Rica ofrece un caso de referencia. En los últimos años, se ha opuesto a cualquier operación de empresas chinas de telecomunicaciones en su territorio. Como referente regional en gobernanza e infraestructura, las decisiones de Costa Rica suelen influir en sus vecinos. Su rechazo a la participación china en el despliegue del 5G, junto con un decreto presidencial que restringe a las empresas de países no signatarios del Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia —lo que en la práctica excluye a las firmas chinas—, marcó un precedente.
La presencia diplomática y comercial de China en Centroamérica es relativamente reciente. El primer país en establecer vínculos con Pekín fue Costa Rica (2007), seguido casi diez años después por Panamá, en una acción que desencadenó un efecto dominó en la región. Posteriormente lo hicieron El Salvador, República Dominicana, Nicaragua y Honduras. Si la historia sirve de guía, Costa Rica y Panamá han marcado el rumbo para que otros países de la región gestionen sus relaciones con China.
Estados Unidos parece tenerlo claro. El primer viaje al extranjero del secretario de Estado, Marco Rubio, fue a Costa Rica, con una escala en Panamá, con el objetivo de contener la influencia china en la región. Durante su visita, Rubio señaló que “enfrentarse a empresas como esa tiene consecuencias: chantajes, amenazas, intentos de infiltrar agencias gubernamentales. Y ustedes han sido muy firmes, y nosotros [Estados Unidos] seguiremos ayudándolos en eso”.
Para países como El Salvador, Guatemala y República Dominicana, los giros de Panamá y Costa Rica envían un mensaje claro: Washington observa y prefiere la advertencia.
Panamá también parece haber tomado nota. Al igual que Costa Rica, el consejo municipal panameño aprobó recientemente un reglamento que prohíbe la compra de tecnología a empresas con sede en países ajenos al Convenio de Budapest. Esta medida, junto con la retirada del equipo de telecomunicaciones de Huawei, indica la intención de Panamá de limitar la presencia china en el sector de telecomunicaciones del país, siguiendo el modelo marcado por Costa Rica.
No todos los países centroamericanos siguen el mismo camino. Nicaragua, estrecho aliado de Pekín, está apostando por Huawei. El país anunció recientemente la introducción de redes 4G a través de la empresa china, incluida la construcción de casi 500 sitios y generosos incentivos fiscales. Aunque Nicaragua se retrasa en el despliegue de servicios 5G debido a limitaciones técnicas y de infraestructura, la entrada de Huawei en el mercado nicaragüense demuestra que no todas las puertas están cerradas para Pekín en la región.
Para países como El Salvador, Guatemala y República Dominicana —también visitados por Rubio—, los giros de Panamá y Costa Rica envían un mensaje claro: Washington observa y prefiere la advertencia. Al sopesar los posibles beneficios del despliegue de 5G, los países centroamericanos se enfrentan a un delicado equilibrio entre las ventajas de cooperar con empresas chinas y las preocupaciones de seguridad, tanto internas como externas.
Alonso Illueca es investigador no residente del CLA para América Latina y el Caribe
